La conducción del Colegio quiere que se debate nuevamente y se ponga en marcha una ley votada en el año 1994 por la Legislatura provincial, y que luego fue vetada por el gobernador Rubén Hugo Marín ya que contradecía la política nacional. La normativa establecía que se pondría una farmacia cada determinada cantidad de habitantes, como ocurre en la provincia de Buenos Aires, y también que se respetaría una distancia entre comercio y comercio. El pedido fue realizado por las autoridades del Colegio luego que asumió el ministro Néstor González, el 13 de diciembre pasado.

Política neoliberal.

En los años 90, Marín desreguló la actividad farmacéutica. En 1989, durante el gobierno de Néstor Rufino Ahuad se había hecho un decreto para sistematizar la cantidad de farmacias de acuerdo a la cantidad de habitantes y la distancia entre comercios. La normativa era para todas las localidades de la provincia. Esto permitió que localidades pequeñas, como el caso de Monte Nievas, por nombrar alguna, tuvieran su farmacéutico.

Pero en 1991 con la presidencia de Carlos Menem comenzó la desregulación, presentada como una política liberal que permitiría un mayor acceso a los usuarios, una mejor actividad profesional y mejorar los servicios y hasta bajar los precios. Pero como muchas de las políticas aplicadas durante esa etapa, terminó volviéndose en contra de la actividad.

Número ideal.

El problema más grave fue el crecimiento que tuvo el número de farmacias en la década del 90. En la actualidad hay muchos de estos negocios por cantidad de habitantes. Actualmente hay 220 establecimientos, de los cuales 196 pertenecen al Colegio de la provincia. La Organización Mundial de la Salud indica en sus estudios que el número ideal debería ser de 3.000 personas por cada farmacéutico, pero en La Pampa hay casi la mitad o menos, según estimaciones propias. Por ejemplo, en Santa Rosa hay 68 comercios.

Otros casos.

La cantidad de farmacias ha acarreado la falta de sustentabilidad económica de los establecimientos. También que profesionales de fuera de la provincia, en cuyas jurisdicciones la actividad está regulada, se instalen en La Pampa. Esto ocurre con Buenos Aires, donde está establecido por ley 10606 de "Ejercicio de Farmacia" que se autoriza "la habilitación de una farmacia por cada 3.000 habitantes por localidad, tomándose como base los datos arrojados por el último Censo Nacional de Población. En aquellas localidades de menos de 6.000 habitantes se podrá habilitar una segunda farmacia cuando la población exceda los 4.000 habitantes. En todos los casos, deberá existir entre las farmacias una distancia no inferior a los 300 metros, medidos de puerta a puerta por camino peatonal". Y en los núcleos urbanos a más de diez kilómetros de cabecera de Partido con población menor de 2.000 habitantes, la Autoridad Sanitaria podrá autorizar a título precario el establecimiento de botiquines mientras no actúen farmacéuticos con oficina de farmacia.

También en Mendoza la actividad está reglamentada desde el año 2004. Allí se establece que las farmacias de la provincia, "por ser parte integrante del sistema de salud, serán racionalmente distribuidas en el territorio provincial de manera de asegurar la atención y calidad de su servicio a la totalidad de la población".

También la desregulación llevó a que haya una mayor concentración de farmacias en determinadas zonas, sobre todo las más pobladas y comerciales -como en las cercanías a las clínicas-, y que no se descentralice la actividad hacia algunos barrios. Si bien la falta de estos comercios en determinadas zonas no siempre tiene que ver con la cuestión económica sino también con la seguridad.

(MICROFORMATO)

LEY VOTADA EN

LOS AÑOS 90

El Colegio de Farmacéuticos quiere que el gobierno provincial ponga en marcha la ley de regulación realizada, y votada, en 1994. El proyecto fue del entonces diputado provincial Luis Alberto Campo, hoy secretario de Desarrollo, y firmado por los tres bloques que componían la Legislatura. Tuvo el visto bueno del Colegio y la Cámara de Farmacéuticos -ésta luego se desdijo-, y de otros colegios de profesionales. Sin embargo, al estar en contra de las políticas neoliberales que "bajaba" Nación, el gobernador Marín la vetó. En el año 2010, Campo, ya como vicegobernador, quiso reflotarla y tuvo un encuentro con la conducción del Colegio. Pero el tiempo pasó y no hubo avances.