En diálogo con LA VERDAD, el presidente del Movimiento por la Defensa de los Derechos Humanos de Junín e Integrante del Consejo Indígena de Buenos Aires (CIBA) dependiente de la Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, recordó que “la denuncia la presenté junto a la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, presentándonos como querellantes. Dicha causa la tramitamos ante el Juzgado Federal de Junín hasta mediados del 2009, cuando ante el planteo de uno de los defensores se declaró la competencia del doctor Rafecas, porque Junín dependía del Primer Cuerpo de Ejercito".

Comentó Farías que la instrucción judicial prosiguió y “procesó a siete imputados entre policías y militares del Ejército, y un civil (el médico Chiachietta). Todos están procesados actualmente”, agregando que la “Cámara Nacional de Apelaciones de Capital confirmó los procesamientos de Almirón y Manzanares; por estas personas ya se corrió una vista a las partes querellantes. Por lo tanto, pronto la causa se elevará a juicio y ya radicado el expediente en el Tribunal que se asigne, las partes, es decir -querellas y fiscalía- deben ofrecer la prueba para el juicio oral”.

“Debemos aclarar –señaló- que la etapa investigativa no se ha cerrado. Aún seguimos aportando datos a la justicia, de igual manera se podrá hacer mientras dure el Juicio, es decir puede haber nuevas victimas y nuevos imputados”.

Asimismo expresó que “la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación también es querellante en nuestra causa, quedando como apoderado de las víctimas el doctor César Sivo, abogado que lleva adelante muchas de las querellas de la provincia de Buenos Aires”.

23 cuerpos

Esa es la cantidad que tiene la causa conteniendo doscientas hojas cada una.

Farías señaló que se tienen expectativas “por prontas noticias ya que vemos como avanzan los juicios, y hemos comprobado el interés que están poniendo las secretarías de derechos humanos tanto de la Provincia como de la Nación” y en tal sentido añadió que “la última semana pudimos ver lo resuelto en el Juicio por violaciones a los derechos humanos en Tandil. Allí, la justicia pudo comprobar el accionar cívico-militar con que se manejaba la dictadura ya que se condenó a dos civiles hermanos propietarios que prestaron sus campos para que allí funcione un centro clandestino de detención donde se cometieron delitos de lesa humanidad”.

“Lamentablemente –expresó- tenemos que decir que aquí, en Junín, también existieron civiles que colaboraban con la dictadura y muchos que formaban parte de grupos de tareas, haciendo allanamientos, presenciando aplicaciones de tortura y "haciendo inteligencia". Esto lo mencionamos ya que existen en nuestra causa varios testimonios donde hacen referencia a muchas personas que fueron vistas en los centros clandestinos de detención y que pediremos que sean citados en el juicio”, expresó.