Ester Fandiño comenzó hablando sobre el proyecto para el traslado de los Tribunales de San Isidro: “Si uno ve lo que ocurrió los últimos doce meses se viene trabajando muy bien, hemos conseguido dos cosas primero aunar todas las posiciones del Concejo Deliberante y del Ejecutivo alrededor de que los Tribunales tienen que tener una decisión definitiva que es el traslado a Boulogne en un espacio que es propiedad de la Provincia de Buenos Aires y se evitó la situación conflictiva que se había suscitado con los vecinos de La Horqueta por el traslado del Fuero Penal allí. Sucedieron hechos relevantes como que la Corte Suprema de Justicia bonaerense firmara una acordada para solicitarle al Ministro y al Gobernador que los Tribunales de San Isidro fueran efectivamente a este terreno que estaba reservado, posteriormente hubo una ley provincial que aprobó un plan edilicio para los Tribunales. Por último el acuerdo firmado entre San Isidro y el Presidente de la Corte Suprema lo que hace es facilitar la apertura de los Tribunales de Familia en Beccar que era un tema que estaba suspendido hace más de un año y en el más largo plazo comprometer a la Corte en el traslado de los Tribunales a un único lugar que llamamos Ciudad Judicial creando un polo de desarrollo importante en Boulogne”, enfatizó.

A su vez explicó su proyecto presentado en el Concejo referido al derecho de participación en la renta diferencial urbana: “Hace dos años presenté un paper para que ver cómo solucionamos esto que sucede cada vez que en un lugar se plantea un desarrollo inmobiliario. Se genera un vacío que puede ser ambiental o social y que impacta sobre los vecinos de alrededor, vimos lo que sucedió en Vicente López no sólo con el Vial Costero respecto de desarrollos inmobiliarios sin planificación. Planteamos que San Isidro haga planificación urbana y medio ambiental a largo plazo además buscamos crear derechos de construcción diferenciales para poder capturar parte de un mayor valor. La idea es que es dinero no vaya a renta general y que su destino directo sea para remediar el impacto local que genera ese desarrollo”.

Por último se refirió al proyecto impulsado por algunos concejales de la oposición para derogar el convenio entre el Municipio y el CASI, respecto de los terrenos de Bosque Alegre. “No estuvimos de acuerdo con el convenio, creemos que en la ribera debe hacerse una planificación urbano ambiental. Actualmente ese contrato está suspendido, por un decreto del Intendente Posse, el mismo que declaró a Bosque Alegre paisaje protegido. Me parece innecesaria una derogación del convenio con el CASI porque hoy está suspendido en razón de la poda que hizo el CASI. Habría que esperar que se resuelva esta suspensión, por un principio de institucionalidad creemos que los contratos deben ser respetados aún los que no apoyamos”, concluyó.