Unos 530 niños, niñas y adolescentes santafesinos viven separados de su familia de origen. De ese total, 130 fueron ingresados al plan de familias solidarias en los últimos meses. Se trata de datos oficiales de la Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, aportados por el flamante director de Promoción de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente de los nodos Rosario y Venado Tuerto, Lautaro D'Anna, quien reconoció: "Queda mucho por hacer". En ese sentido, anunció que esta gestión buscará que haya 3.000 familias solidarias disponibles, en Santa Fe. Para ello, encararán una importante campaña de difusión. "Habrá un fuerte empuje desde el Ministerio de Desarrollo Social. Será la estrategia principal para intentar descomprimir los hogares, e integrar parte de los dispositivos que se plantean por ley", dijo el funcionario. Además, con la idea de "desmitificar que los jóvenes son violentos", destacó que sólo el uno por ciento de los partes preventivos que llegan a la dirección tiene a jóvenes como victimarios. "Los adolescentes no son peligrosos, están en peligro", dijo como una reiteración de lo que se dijo una y otra vez la semana pasada, tras la masacre de Villa Moreno.

Aunque a principios del año pasado la Subsecretaría Provincial de Niñez daba cuenta que había cerca de 700 chicos institucionalizados, ayer D'Anna relacionó la merma con "las estrategias que llevan adelante los equipos territoriales de las direcciones de Santa Fe, Rosario y otras ciudades", y dijo que "mejorar estas situaciones es el desafío: abordar otras estrategias y no apelar a las instituciones como hogares". En esa línea, destacó el decreto firmado por el gobernador Antonio Bonfatti tendiente a obligar a los funcionarios a priorizar expedientes relacionados con niños, niñas y adolescentes.

La meta que tendrá mayor impulso tiene que ver con incorporar familias solidarias (antes llamadas familias sustitutas). "En la mayoría de las situaciones se logra que el chico esté con su familia ampliada (tíos, abuelos); pero el nudo crítico aparece con los chicos que no tienen ningún tipo de vinculación, y el recurso son los hogares; por eso tenemos que pensar en otras estrategias para estos casos".

En 2011, la provincia lanzó dos etapas de inscripción de familias solidarias, que tienen varios requisitos, pero la idea de este año es hacer una "fuerte campaña de difusión apuntando a la participación ciudadana y a la implicación de toda la sociedad para con la problemática". Estas familias son necesarias en el mientras tanto, y muchas veces se brinda un soporte económico, pero básicamente apunta a la solidaridad: "Son situaciones de transitoriedad del niño, niña o adolescente hacia el camino al estado de adaptabilidad"; sin embargo, las familias que se inscriben en el programa de familias solidarias no pueden anotarse en el registro de adopción.

D'Anna destacó el buen funcionamiento de este dispositivo, pero aseguró que "habrá que trabajar para que la sociedad sepa que los adolescentes también necesitan de las familias solidarias". Es que en la mayoría de los casos, las familias que se anotan lo hacen para contener sólo a niños y niñas.

Entre las situaciones que hacen que un chico deba ser separado de su familia de origen, D'Anna mencionó tres factores. "Por un lado están las situaciones de maltrato infantil y abuso sexual: estos casos llegan todos los días, lamentablemente". Para dar un ejemplo, el funcionario señaló que "en Casilda es altísimo el crecimiento que tuvieron estos casos".

En segundo lugar señaló situaciones en las que están implicados adolescentes de 13, 14 y 15 años, por cuestiones relacionadas con el consumo de sustancias y uso de armas. "En estos casos ya se están pensado dispositivos específicos, porque estos escenarios donde hay adolescentes que se apartaron de la escuela, los clubes y hasta el centro de salud, habrá que tener una metodología específica", dijo en relación al accionar que el gobierno provincial inició la semana pasada, en los barrios.

La tercera cuestión atañe a casos que llegan a la dirección, pero que hay que trabajarlas en conjunto con otras áreas; y ejemplificó casos de deserción escolar y otras desvinculaciones institucionales.

Otro dato "preocupante" es que de los 400 niños que están en hogares santafesinos actualmente, sólo 80 se encuentran en hogares oficiales de la provincia, mientras que el resto (320) está hospedado en hogares privados. "El Estado tiene una fuerte dependencia de los sectores privados y entendemos que hay que reformular una capacidad técnica operativa para estas situaciones, sin tener que depender. Hay mucho por mejorar; pese a que hace cuatro años se pensó en darle un giro al tema de infancias".

Sobre el tiempo de institucionalización, que según la legislación actual, no debería exceder el año y medio, D'Anna señaló: "No puedo decir qué cantidad de chicos está en esta situación, sí puedo decir que tenemos que hacer mucho esfuerzo, y están implicadas las áreas legales para poder adecuarnos y no estar en falta (con la ley). No en todas las situaciones tenemos los tiempos legales recomendados", reconoció.

En ese sentido, apuntó a que existe un cuello de botella en materia administrativa, como consecuencia de que "ingresan entre diez y quince partes preventivos a la dirección, cada día. Esto traba los circuitos administrativos para poder estar al día con otras cuestiones; por lo que habrá que pensar en más recursos humanos".