Los asociados de la desaparecida mutual Amegha, que fueron estafados por la conducción de la entidad, reclamaron al Instituto de Tierras que les adjudique el cupo de las 42,5 hectáreas de El Frutillar por el que ya pagaron importantes adelantos.

La mutual, que en 2010 fue considerada para gestionar los proyectos de vivienda financiados por el Fondo Pellegrini, suscribió un acta compromiso con el Imtvhs que le asignaba cinco hectáreas del polémico loteo social aprobado la semana pasada.

Esgrimiendo ese convenio el Consejo de Administración de la mutual, presidido por Carlos Ludueña y secundado por Vicente Alonso y Carlos Kurato, comenzó a vender parcelas varios meses antes de que se aprobara el loteo.

Los damnificados, que pagaron entre $ 2.000 y 3.000 en cuotas y adelantos, detectaron la maniobra fraudulenta cuando los responsables desaparecieron sin dejar rastros ni reemplazos. Llamativamente entre los perjudicados se anotaron Alonso y Kurato que acompañaron la denuncia penal y acercaron copias de la documentación al Concejo Municipal.

La situación de los estafados es incierta ya que el Imtvhs les reconoce algún derecho en función del acta acuerdo suscripta con la mutual pero no subsanó el vacío provocado por la desaparición de sus representantes legales.

En la nota enviada al Concejo, el presidente del Instituto, Oscar Zamora, sostuvo que "se tendrá en cuenta a los vecinos que estarían perjudicados por el improcedente accionar de la mutual en cuestión", aunque no precisó cómo piensa traspasar esa obligación a la futura conducción.

En la misma misiva el funcionario sostiene que "no parece lógico sostener a que Amegha se encuentre en condiciones de afianzar y/o asumir obligaciones con el municipio" en razón de su descalabro financiero e institucional.

Esa nota fue agregada a la documentación que el Concejo Municipal envió el lunes a la fiscalía de turno para que investigue la posible existencia de delitos en los hechos denunciados por los asociados de la mutual. La causa recayó en la fiscalía de Guillermo Lista.

El concejal Hugo Cejas explicó a "Río Negro" que "remitimos la documentación porque como funcionarios públicos tenemos la obligación de denunciar posibles ilícitos" y distinguió a los asociados damnificados de los dos dirigentes que aportaron las copias de la documentación al Deliberante.