Son familias pobres que, en esta época del año, redoblan el ingenio para superar la escasez de agua, que está en su peor momento. Algunos la obtienen igual que hace 100 años: de pozos caseros, con poleas de madera y cuerdas atadas a animales. Otros esperan con bidones la llegada esporádica del camión de la municipalidad y otros pagan por el agua que toman. Así viene la mano para mucha gente en el chaco salteño y Magdalena, a unos 15 kilómetros de Santa María y a 50 de Santa Victoria Este, en el departamento Rivadavia, no es la excepción.

El monte tupido tiene árboles viejos e inmensos. Fue custodiado por generaciones de las 18 familias criollas y tres familias aborígenes que hacen Magdalena. Es justamente en ese lugar donde la UEP, Unidad Ejecutora Provincial, dice haber realizado un exitoso caso piloto, en la laboriosa tarea de regularización de las tierras de los lotes fiscales 14 y 55. “En la zona norte las familias aceptaron relocalizarse sin ningún problema”, afirmaron.

En los lotes viven 52 comunidades indígenas de cinco etnias distintas y 462 familias criollas instaladas desde 1906. El 64,44% de la población no terminó la primaria o directamente nunca asistió a la escuela, según el Censo 2001. La UEP busca determinar, dentro de las más de 640 mil hectáreas, cuál es el territorio de las comunidades originarias y cuál es el de las familias criollas.

“No es obligatorio relocalizar, salvo que sea un caso muy conflictivo. En la zona norte, que incluye La Puntana y Magdalena, muchos aceptaron la relocalización porque la tierra va a tener nombre y apellido. Ellos deciden adónde van, no lo decidimos nosotros. Lo que hacemos es acompañar este proceso de consenso de los habitantes del lugar”, le habían dicho a El Tribuno las autoridades del organismo multiministerial, María Pace, secretaria de Derechos Humanos, y Ricardo Echenique, secretario del Interior.

“Nosotros sectorizamos territorialmente para poder trabajar. La zona piloto, conocida como la zona norte, es el primer territorio en los lotes 14 y 55, en donde se logra un acuerdo”, agregaron. Pero El Tribuno estuvo con tres familias criollas de Magdalena que no están de acuerdo con el arreglo alcanzado con la UEP. Son los casos de los puestos de La Castaña, Paraje Magdalena y Pozo La Baya, parte de la denominada zona norte, donde la UEP dice haber desarrollado un caso modelo.

En el puesto La Castaña se llevó a cabo la última reunión de la UEP, a finales de 2010. Ahí, Carlos Oscar “El Negro” Acevedo firmó un acuerdo para trasladarse, con la promesa de mejores condiciones. Sin embargo, su mujer, Serafina Albornoz aseguró: “No nos movemos. Firmamos bajo presión”. Algo similar pasa con la familia del paraje Magdalena, que no aceptó el traslado, pero firmó una reducción de sus tierras. “Estamos totalmente disconformes con el acta que firmamos”, le dijeron a El Tribuno. Los habitantes de Pozo La Baya, en cambio, nunca firmaron nada. “Me amenazaron con que me voy a quedar sin nada. Pero no me corren ni muerto, porque acá nació mi padre y acá está enterrado”, aseguró el criollo Luis Antonio Ceballos. El puestero contó: “Me amenazaron con que si no me iba, la tierra iba a quedar adentro de las comunidades aborígenes y no iba a ser dueño de nada”.

Estos son algunos de los testimonios de las familias criollas que viven en la denominada zona norte, un ejemplo del “proceso de reparación histórica” que encabeza la UEP.