Tartagal: lucha contra las drogas

Insisten para que se declare inconstitucional la ley Nº 7417

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En un momento hasta se planteó la posibilidad de volver a tomar el terreno como ocurrió en agosto del año pasado, pero finalmente intervino una mediadora enviada por el Gobierno, que les solicitó tiempo para poder hacer las obras y les manifestó que antes de fin de año ya estarían en condiciones de ocupar los lotes.

Originalmente los terrenos les fueron preadjudicados a 98 beneficiarios hace más de dos años por Tierra y Hábitat pero no se los otorgan en forma definitiva por carecer de los servicios de agua y luz, requisito indispensable para considerarlos habitables.

Durante la última campaña electoral el número de familias se elevó a las 125 actuales, con el consiguiente achicamiento del tamaño de los lotes, algo que fue cuestionado por la legisladora Virginia Dieguez, ya que considera que provocará un amontonamiento de gente y más dificultades para conectarse a los servicios básicos.

Justamente la diputada provincial resaltó que ya presentó pedidos de informes por este tema a los funcionarios provinciales, pero que no recibió ninguna respuesta convincente al respecto.

Pedro Walker, delegado de las familias, señaló que "venimos esperando respuestas desde hace mucho tiempo, inclusive cuando tomamos las tierras nos aseguraron que en breve nos las adjudicarían, pero todavía no pasó nada"

"Por una cuestión de respeto a la palabra de la mediadora seguiremos esperando, pero queremos ver que las obras comiencen, entendemos que el Gobierno puede tener otras prioridades, pero no podemos estar tres años sin soluciones" agregó Walker.

Según se indicó desde Tierra y Hábitat se estarían analizando dos alternativas para conectar el loteo a la red de agua potable, una sería la construcción de un pozo y la otra una ampliación del actual acueducto, lo que demandaría más tiempo y significaría un costo mayor.

"Nosotros no queremos caer en la ilegalidad, pero la paradoja es que cuando hicimos las cosas mal y tomamos los terrenos obtuvimos respuestas y ahora que estamos haciendo las cosas bien está todo frenado, pero igualmente por ahora esperaremos porque justamente queremos las cosas por derecha y confiamos en lo que dijo la mediadora", puntualizó Walker.

Actualmente muchos de los adjudicatarios viven en casas prestadas por los dueños de las fincas en donde trabajan, pero por eso mismo se ven obligadas a realizar tareas exclusivamente para ese establecimiento.

"Si por esas casualidades llegan a conseguir un trabajo mejor, con mejor sueldo, no pueden aceptarlo porque eso significaría quedarse sin casa, en ese nivel de vulnerabilidad se encuentran las familias que están esperando", concluyó Walker.

Por la desesperación de conseguir los terrenos, las familias ya fueron estafadas por una abogada y un supuesto agrimensor, que les solicitaron dinero asegurándoles que obtendrían la habilitación.