En medio de la polémica que gira en torno a la denuncia pública y baja de 2.901 beneficiarios –por presuntas irregularidades- del Programa de Asistencia Social “Vale Pro-Familia”, el bloque de diputados del Frente Cívico y Social (FCS) presentó un proyecto de resolución a través del cual instan a la gobernadora, Lucía Corpacci, a que propicie la conformación de una Comisión Técnica de Especialistas Asesores ad hoc. Para esto, la oposición propone que esta sea integrada por tres representantes asesores propuesto por el FCS y dos por el Frente para la Victoria (FV), los cuales deberán analizar las 2.901 bajas producidas en el marco del Programa Integral de Promoción Socio-Alimentaria para el Desarrollo Sustentable “Nuestro Futuro”, Subprograma Pro-Familia, tras la denuncia efectuada por el ministro de Desarrollo Social, Oscar Pfeiffer.

En los fundamentos de la iniciativa promovida por la oposición, señalan con especial énfasis que las eventuales irregularidades en el padrón de beneficiarios de los vale Pro-Familia habrían surgido ante la falta de entrecruzamiento de datos entre la información cargada en la base de datos de la Provincia con la de la ANSES, durante los últimos 6 meses. Es que, según lo explicitado por los legisladores, durante la gestión del FCS, se habrían realizado los entrecruzamientos de datos de forma mensual.

“Como resulta evidente, a partir de las declaraciones del propio ministro (por Pfeiffer), la organización y contralor del sistema no funcionaba a casi cinco meses de asumida su gestión; de donde resulta fácil concluir que todos los procesos que se venían cumplimentando en tiempo y forma hasta el 10 de diciembre de 2011 se paralizaron o, por lo menos, no se cumplimentaron durante los últimos seis meses”, sostuvieron.

Para Pfeiffer

Además, los diputados del FCS solicitan al ministro Pfeiffer que en virtud de la Ley de Información Pública brinde explicaciones a través de un detallado informe sobre diferentes puntos. (Ver aparte).

“Llama poderosamente la atención que, a seis meses de gestión, quien debe responder por el control de las obligaciones de su cartera y en el caso particular de este Programa, con una actualización periódica mensual de las bajas y altas respectivas de los beneficiarios, haya efectuado erogaciones aproximadas $436 mil por mes, lo que daría un total cercano a $2.180.000 en el lapso de los meses transcurridos frente a supuestos casos indebidos”, indicaron. Y agregaron: “Aún mayor preocupación despertaría si, como titular o integrante del grupo familiar beneficiario, tal el caso de Gustavo Javier Noboriguchi, DNI 20.400.427, designado como funcionario en el área de Deportes en el cargo de Supervisor, Índice 1.00 Dcto. de la Secretaría de Estado de Deporte y Recreación. E C y T. Nº 220 – 23012012 a partir de la fecha y quien figura en el padrón de beneficiarios, como integrante del Grupo Familiar, junto a su madre Marta del Valle Vera y su hermano; quienes habrían recibido las transferencias en los meses de: a) Enero, según consta en exp.: D136/11; b) Febrero, según consta en exp.: D 13/12; c) Marzo, según consta en exp.: D90/12; d) Abril según consta en exp.: D209/12; e) Mayo según consta en exp.: D282/12), estuviese vinculado o afiliado al Partido Justicialista, al punto de haber integrado sus listas como candidato; o, por su militancia e intereses fuese designado a partir de los primeros días de enero de este año en el Ejecutivo Provincial, con altos índices salariales", cuestionaron.

Por informes

El bloque de diputados del FCS solicita al ministro de Desarrollo Social, Oscar Pfeiffer, que remita un informe a la Cámara baja sobre los siguientes puntos:

1 y 2- Nómina de los 2.901 beneficiarios dados de baja; causas por las que se procedió a excluirlos del padrón o del beneficio y montos del ingreso del grupo familiar, como también cargo y repartición a la que pertenecían. Y fecha en las que se realizaron los entrecruzamientos de datos, durante el año 2012, con los sistemas de información DIO y SINTyS.

3- La nómina de beneficiarios que recibieron el depósito, como también los expedientes de pago.

4 y 5- Indique si se ha efectuado el pago de los beneficios sin que se hayan podido detectar los casos particulares que son motivo de su denuncia. E informe, en el caso de las bajas, fecha en la que cambió la situación económica del beneficiario, o del grupo familiar que motivó la baja.

6- Indique cuál es valor que se está utilizando para la determinación de la línea de pobreza del grupo familiar, y en base a qué fundamentos se lo actualiza.

7 y 8- Informe cuántos beneficiarios fueron dados de baja por mes. Y cuántos fueron dados de alta desde diciembre a junio del corriente año. E informe si para las bajas se tomó en cuenta solo el ingreso familiar mensual, y si en algún caso se computó el aguinaldo; y si era condición establecida en los lineamientos del Programa.

9 y 10- Informe sobre el Convenio de Implementación del servicio de utilización de tarjetas Pro-Familia con el Banco de la Nación, sobre la emisión, distribución y entrega de los plásticos del presente Programa a cargo del Banco. Y envíe el archivo de “Simulación del Beneficio”, que contiene los datos de cada miembro titular del Pro-Familia y las sumatorias de ingresos de su grupo familiar; si existen o no miembros focalizados y la descripción de éstos.

11- Para el caso de que las situaciones irregulares detectadas sean resultantes de la no aplicación de los mecanismos de control, así como la efectivización de su pago, informe medidas tomadas para ordenar la situación, y en su caso, la delimitación de responsabilidad de los funcionarios encargados del normal funcionamiento del área correspondiente de su cartera.