Falta de información

Diputados de la oposición dijeron que no pueden abrir los CD remitidos por el PE.
El envío del proyecto de Presupuesto 2011 a la Legislatura generó en la oposición algunos cuestionamientos de tipo formal y variadas críticas, algunas hasta irónicas, por parte de diputados del radicalismo que se quejaron por no poder abrir en sus computadoras los CD’s remitidos por el Ejecutivo con los números que marcarán el rumbo de la economía y las finanzas de la provincia durante el año próximo.

"No podemos emitir ninguna opinión sobre este tema, porque lo único que recibimos varios diputados de nuestro bloque fue solamente el membrete de la iniciativa", tiró el vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados, Jorge Rizzotti (UCR). El legislador señaló que la comisión de Finanzas deberá convocar para esta semana a una reunión extraordinaria para avanzar en el análisis y la discusión de este proyecto.

Dijo que una de las cuestiones principales es conocer cuál será su ejecución y disparó contra el Ministerio de Hacienda, afirmando que utiliza como metodología no brindar ninguna información al respecto. Rizzotti aseguró que esta situación se dio a lo largo del año en curso y comentó que en forma particular solicitó la citación del director de Rentas para conocer las estadísticas del organismo, aunque reconoció que su pedido no tuvo ninguna respuesta positiva.

"El ministro del área aseguró que no dará precisiones a ningún diputado provincial y que todas las inquietudes serán respondidas por escrito al cuerpo legislativo", agregó. No obstante ello, remarcó que desde la oposición intentarán obtener información por distintos medios, "para avanzar en el tratamiento de la iniciativa, porque entendemos que la Provincia tiene una imperiosa necesidad de contar con el presupuesto aprobado".

Respecto a las tierras del Ingenio La Esperanza, mencionó que si bien la planta fabril es privada, las repercusiones sociales y económicas derivadas de su funcionamiento escapan la gestión privada e inciden directamente en lo público, porque de ella viven más de 2.500 familias. "En su momento nosotros expresamos que se necesitaba una Ley para frenar el remate de las mismas y darle el marco legal al financiamiento”, completó, lamentando que la iniciativa del Ejecutivo haya ingresado en forma tardía a la Legislatura.

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