Antes de que la cuestión de pesos se transforme en una cuestión de peso, los gobernadores buscan una salida a la estricta dieta financiera a la que vienen siendo sometidos por el gobierno nacional. El caso más sintomático es el de la provincia de Buenos Aires, que hasta sino las últimas horas no había recibido los $ 2800 millones que necesita de la Nación para pagar los sueldos y el medio aguinaldo de este mes a unos 538.000 empleados estatales.

Sin embargo, la escuálida situación fiscal no es exclusiva del territorio bonaerense, que aparece en realidad como la punta del iceberg en el desfinanciamiento estructural que sufren las administraciones provinciales. En los primeros meses del año, el menor crecimiento económico generó una marcada desaceleración en la transferencia de fondos automáticos de la Nación a las provincias: de un crecimiento del 33% en la comparación interanual de enero, cayó a un 18% en la de mayo, según cifras del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). "Para la coparticipación, una cifra del 18% es muy baja. Sobre todo si consideramos un nivel de inflación que seguramente ande por encima del 24%, con lo cual están mandando dinero que compra menos cosas ahora que en mayo del año pasado", sostiene Ariel Barraud, economista del Iaraf.

Ese deterioro, combinado con una desaceleración en la recaudación provincial en el primer bimestre del 10%, mantiene al rojo vivo los balances de provincias como Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza y Neuquén. "Los recursos provinciales, tanto en el Norte, que están relacionados con la soja y el agro, como en el Sur, con el petróleo, han disminuido. Y lo que venía del gobierno nacional está escaseando", sostiene Orlando Ferreres, de la consultora Orlando Ferreres & Asociados. Y agrega: "Si a eso le sumamos que hay presión sindical con aumentos del 25%, entonces tenemos una suba fuerte de gasto y una recaudación bastante alicaída. Se empiezan a sentir los primeros cimbronazos en las provincias porque no les alcanza para pagar todo".

En el actual contexto, la salud fiscal de los gobiernos del interior del país queda a merced de la voluntad del poder central y de las transferencias discrecionales que decida autorizar. Según estimaciones de economistas y analistas consultados, las necesidades financieras totales de las provincias este año rondarán los 40.000 millones de pesos, es decir, un 30% más de lo que necesitó en 2011.

¿CÓMO CUBRIRLAS?

Las provincias tienen dos herramientas propias: el aumento de presión tributaria por un lado, y la emisión de deuda por otro. Los especialistas suponen que la carga impositiva podría llegar a cubrir $ 7000 millones y que la emisión de deuda, según datos del mercado, estaría cercana a los $ 16.000 millones. Así las cosas, queda un déficit de $ 17.000 millones para que los balances cierren.

Sin margen de maniobra y ante la acuciante situación fiscal, desde las provincias se empezó a agitar uno de los peores recuerdos de la crisis del 2001: las cuasimonedas. Los primeros rumores de que se estaba analizando la vuelta a la emisión de monedas de emergencia surgieron desde los mismos bastiones provinciales que encabezan el reclamo por falta de financiamiento.

Y si bien nadie cree en fantasmas, en las últimas semanas tanto José Manuel de la Sota, como Antonio Bonfatti, Daniel Peralta y Daniel Scioli -gobernadores de Córdoba, Santa Fe, Santa Cruz y Buenos Aires, respectivamente-, tuvieron que salir a ahuyentar las versiones de una posible emisión de bonos provinciales en sus territorios.

El líder del Frente Amplio Progresista, Hermes Binner, fue más allá: denunció, una vez más, que no se cumple con la ley de coparticipación federal y luego vaticinó que "se corre el riesgo", de que se vuelvan a emitir bonos provinciales.

PRESION POLITICA

Considerada por muchos como un "mal necesario" que alcanzó relativo éxito y aceptación durante la crisis de 2001, la alternativa de las cuasimonedas aparece como herramienta económica -o de presión política- cada vez que el agua empieza a llegar al cuello de los gobernadores.

Sin embargo, los expertos consultados coinciden en señalarlas como una medida de último recurso y desaconsejan su implementación en el contexto económico actual. "Que el gobierno nacional permita emitir cuasimonedas sería una señal de alarma muy fuerte, que rememoraría al 2001. Yo creo que mientras haya reservas en el Banco Central, se va a seguir gastando y no se van a emitir", opina Ferreres.

Por su parte, el economista Martín Grandes, director del centro de investigación aplicada de la Escuela de la Negocios de la UCA e investigador del Conicet, también descree que vayan a resucitar, "al menos, mientras el gobierno central tenga caja y fuentes de financiamiento", y sostiene que "se trataría de un retroceso institucional muy grande y enviaría una mala señal".

En la misma línea se expresa Jorge Sarghini, ex ministro de Economía bonaerense durante cuya gestión se lanzaron los recordados patacones. "Sería un error el solo hecho de evaluar la alternativa de emitirlas. Nunca es buena alternativa el uso de cuasimonedas. Es un instrumento de última instancia y hoy no están dadas las condiciones para aplicarlas", destaca.

En líneas generales, el estado de las variables económicas en la Argentina hoy casi no resiste comparación con la situación terminal de principios del 2000. Sin embargo, dos indicadores clave encienden luces amarillas: por un lado, un déficit fiscal de alrededor del 2,5% del PBI, y por otro, una inflación cercana al 24%. "La situación actual tiene cierta similitud con lo que sucedió con la última gran emisión de monedas. Revisando los números de esa época, nos encontramos con que el déficit de las provincias por entonces es comparable con los que presentan ahora", sostienen desde el Iaraf.