Por: Alfredo Zaiat.

En un mercado cambiario bajo tensión, situación que será permanente por un tiempo prolongado, ignorar o minimizar la potente restricción de la escasez relativa de dólares tiene costos económicos, financieros y también políticos.

Uno de ellos es sumergirse en un laberíntico debate acerca de un supuesto ajuste cuando lo que existe es una extrema fragilidad del sector externo que limita la capacidad de expansión de la economía.

Esta fragilidad se expresa en cotizaciones de dólares por encima de un equilibrio de mediano plazo. Son las que se anotan diariamente en la plaza bursátil y definen una brecha (con el tipo de cambio oficial) cercana al ciento por ciento.

Si bien la debilidad del sector externo, con su manifestación en el mercado cambiario y en las crisis traumáticas recurrentes, se reconoce en cuestiones estructurales de la economía, el panorama de corto plazo se ha agudizado por el desastre financiero que dejó el gobierno de la alianza macrista-radical.

Pese a que no hay pocos que prefieren desconocer ese pasado oscuro reciente, no incorporarlo en el análisis de los condicionamientos heredados conduce indefectiblemente a diagnósticos y acciones políticas fallidas.

Mencionar la herencia no justifica debilidades en la actual gestión, pero resulta imprescindible apuntarla para saber cuáles son los límites que impone al crecimiento. El desafío entonces es, remarcando esas restricciones, diseñar una política económica para minimizarlas.

Sí, es necesario repetir "Ah… pero Macri"

Algunas de las pesadas piedras que debe arrastrar la economía y que el gobierno de Alberto Fernández está aliviando son las siguientes:

* Una deuda en dólares inmensa con acreedores externos, que se logró patear para adelante pero que seguirá presionando sobre las cuentas públicas. Entre otras razones especulativas, las deprimidas cotizaciones de los títulos públicos reestructurados, que mantienen el riesgo país por arriba de los 1500 puntos y obtura el acceso al mercado voluntario de crédito internacional, tienen su origen en las débiles perspectivas financieras que se explican en gran parte por la escasez de dólares en el Banco Central y por la inmensa deuda con el FMI.

* Una montaña de deuda en pesos en manos de más de 50 fondos de inversión internacionales altamente especulativos, entre los que sobresalen Templeton y PIMCO, que mantienen una firme tensión sobre la cotización del dólar bursátil (Contado con Liquidación). Uno de los motivos principales de la amplitud de la brecha cambiaria es que esos fondos todavía siguen en la búsqueda de recortar quebrantos comprando dólares vía el CCL y saliendo de ese modo paulatinamente de esos papeles en pesos emitidos por el mesadinerista Luis Caputo, que en el gobierno de Macri estuvo a cargo del Ministerio de Finanzas.

* La destrucción del mercado de deuda en pesos, default que fue "reperfilamiento" en lenguaje macrista, lo que implicó el cierre de una vía esencial de financiamiento del sector público. Canilla de recursos indispensable en la pandemia que para la economía argentina estaba cerrada y pudo ser reabierta por el equipo económico.

* La deuda impagable con el FMI, que con ese crédito se incorporó además a un auditor externo multilateral de las cuentas públicas de la economía local que, con más o menos énfasis discursivo, promueve la austeridad fiscal para países endeudados.

¿Cuáles son las opciones?

Ante estos potentes condicionamientos al crecimiento aparecen las siguientes posibilidades de respuesta política:

1. Negar la existencia de las restricciones financieras, reacción que puede ser por complicidad con el anterior gobierno endeudador serial, o por apostar a un ingenuo voluntarismo político de pretender enfrentar los desafíos del desarrollo económico sin reconocer esos límites.

2. Declarar que no se tiene que pagar la deuda, aunque sin precisar qué tipo de alianzas políticas locales y externas se requieren para sostener esa decisión, además de si son viables conseguirlas o si directamente existen esos actores.

3. Investigar el ciclo de endeudamiento macrista y castigar a sus responsables. Esta tarea ya ha sido realizada por el Banco Central, la Procuración del Tesoro de la Nación, la Oficina Anticorrupción y la Auditoría General de la Nación. Existe una denuncia penal contra funcionarios del gobierno de Macri por el crédito con el FMI. Ahora es tiempo de la Justicia aunque, como se sabe, una parte de ella ha sido colonizada por el macrismo y otras vertientes de la derecha política y económica.

4. Administrar este complejo frente financiero para lograr espacios de relativa autonomía de la política económica con el objetivo de liberar transitoriamente parte de la carga de la deuda y así colocar a la economía en un sendero de crecimiento. La secuencia sería que con crecimiento económico la deuda pierde relevancia como límite a la expansión, pero lo que sucede es que la deuda condiciona las posibilidades de crecimiento y, por lo tanto, no permite aliviar esa carga. Esta es la dinámica de la trampa de la deuda al desarrollo.

Este último punto plantea un dilema conocido: si un problema no tiene solución deja de ser un problema, pero en el terreno de la política y en la administración de las finanzas públicas sigue siendo un problema.

Números que queman

Es probable que en los próximos meses se firme un acuerdo de refinanciación del insólito crédito del FMI por 55.000 millones de dólares, de los cuales se desembolsaron casi 45.000 millones.

Según el esquema de pagos acordado por el gobierno de Macri con el Fondo conducido por la francesa Christine Lagarde, se debería devolver este monto entre septiembre de este año y el mismo mes de 2024.

Hasta fin de año de ese programa stand by, como todavía no ha habido otro que lo reemplazara, el gobierno de Alberto Fernández terminará pagando intereses por unos 1860 millones de dólares (560 en 2020 y 1300 en este año). Además, ya pagó el mes pasado una cuota de capital correspondiente a 2021 por unos 1900 millones de dólares con los recursos recibidos del propio FMI por la emisión de Derechos Especiales de Giro (DEG), la unidad de cuenta del organismo. En diciembre está pendiente otra cuota de capital por igual monto.

O sea, pese a la peor debacle global de por lo menos los últimos cien años, de arrastrar los costos de la pandemia del macrismo y de enfrentar la inmensa crisis local con fortísimos condicionamientos y escasez de reservas en el Banco Central, la Argentina desembolsaría unos 5700 millones de dólares de pagos de intereses y capital al FMI por el crédito político entregado a Macri para financiar su campaña de reelección, que no logró.

En 2022 y 2023 el monto total a pagar es de unos 20.000 millones de dólares por año, suma que evidentemente es imposible de cancelar.

¿Quiénes firmarán lo que no se cumpliría?

Luego de las elecciones de mediados del mes próximo y marzo de 2022 podría cerrarse un nuevo programa con el FMI. En estos meses fue descartado un acuerdo extraordinario de 20 años porque el Fondo no lo tiene en su menú. Para incorporarlo se necesita de un pacto político entre los países que lo controlan, en especial de Estados Unidos y las potencias europeas. No ha habido y no parece que haya en el corto plazo voluntad política de los dueños del Fondo para avanzar en ese sentido.

El gobierno de Alberto Fernández rubricaría entonces un acuerdo de Facilidades Extendidas tradicional a 10 años con la posibilidad de ser modificado si más adelante el FMI mejora las condiciones con otro programa.

Ahora bien, no hay que ser vidente para indicar que el plan de pagos de esa deuda inmensa a 10 años, con 4 de gracia para cancelar capital, será igualmente difícil de cumplir. Aparecen por lo tanto dos interrogantes básicos con las cifras que tendrán que figurar en el programa de refinanciación, que el FMI no lo presentará de ese modo sino como un nuevo acuerdo, que será la forma de archivar el fiasco más impresionante de su historia:

1. ¿Cuál debería ser el superávit de las cuentas externas necesarias para pagar intereses y capital de la deuda con acreedores privados y el FMI?

2. ¿Cuál debería ser el saldo de las cuentas fiscales para generar el excedente básico para cumplir con los acreedores en moneda extranjera?

Esas dos cifras definidas en el futuro acuerdo serán analizadas con mucho detalle por economistas y financistas para determinar si son consistentes. Evaluación que es clave porque definirá la posibilidad de la apertura del mercado internacional de crédito, instancia imperiosa para refinanciar los vencimientos de capital de la deuda y aliviar de ese modo las exigencias fiscales y financieras.

Límites al crecimiento

En un informe de mediados de febrero de este año, la consultora de Emmanuel Álvarez Agis realizó un interesante ejercicio financiero acerca de los vencimientos de la deuda en los próximos años y cómo esos pagos actúan como límites al crecimiento.

Precisa que en un acuerdo tradicional con el FMI y con años de gracia la economía tendría a partir de 2026 necesidades financieras de dólares por casi 4 por ciento del PIB. Explica que los pagos de deuda determinan una restricción al crecimiento ya que, como se sabe, la mejora en la actividad económica deriva en un aumento de las importaciones, que compite por los mismos dólares que reclaman los acreedores. La presión es aún mayor porque en este análisis no se incorporan las demandas de dólares para ahorro, turismo al exterior y giros de utilidades de multinacionales.

Afirma que resulta importante "encontrar un equilibrio en el cual los dólares se utilicen para pagar intereses, mientras que el capital de la deuda con el FMI y los vencimientos con privados se refinancien". De ese modo se reducirán las exigencias financieras y quedarían dólares para impulsar el crecimiento de la actividad. 

Para ello se requiere, mientras se avanza en iniciativas que impulsen con intensidad el aumento de exportaciones, la apertura del mercado voluntario de crédito internacional, instancia compleja de conseguir por factores estrictamente financieros (la solvencia intertemporal de la deuda y la disponibilidad de dólares), de reputación (defaults recientes y posteriores reestructuraciones) y políticos (oposición del mundo de las finanzas a gobiernos que no sean de derecha).

La carga de la deuda

En términos de dólares firmar un Acuerdo de Facilidades Extendidas con el FMI podría significar que, en vez de pagar la deuda entre 2021 y 2024, como está definido en el acuerdo con Macri, se concrete entre 2026 y 2031.

Agis señala que en este caso el perfil de vencimientos anuales de capital con el Fondo sería de 7500 millones de dólares durante esos seis años. Este monto se agregaría a los compromisos de la deuda en moneda extranjera con acreedores privados en esos mismos años, cuando se concentra la mayor cantidad de vencimientos.

El saldo a pagar de intereses y capital de esa deuda (FMI+privados) entre 2025 y 2030 suma 16.500 millones de dólares promedio por año, monto imposible de cumplir en el actual estado de situación económica y financiera.

El informe concluye que "queda en evidencia que lograr un acuerdo con el Fondo y sentar las bases para lograr renovar la deuda con acreedores privados en el mercado son condiciones para que el perfil de vencimientos sea sostenible en el tiempo. De modo contrario, tarde o temprano se deberán renegociar los compromisos o el superávit externo necesario para hacer frente a la deuda será un limitante para la expansión de la economía".

Eliminar la sobretasa del crédito de Macri

El lunes 11 de este mes y por una semana se realizará la asamblea  conjunta del FMI y Banco Mundial de otoño (Hemisferio Norte) . Es probable que en este encuentro se avance en la idea de eliminar la sobretasa que cobra el FMI por créditos como los otorgados a la Argentina.

A fin de este mes, el ministro Martín Guzmán también participará en la reunión de presidentes del G-20 en Roma, Italia, y se volverá a encontrar con Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, que está bajo fuego cruzado de los fondos de inversión internacional y sectores conservadores del establishment político estadounidense.

Un reciente informe del Center for Economic and Policy Research examinó la sobretasa que cobra el Fondo Monetario Internacional y concluye que ésta “tiene un impacto perjudicial en las economías de los países que enfrentan profundas dificultades económicas y financieras”, al desviar divisas cuando los países más las necesitan. Además define que la sobretasa va en contra del Convenio Constitutivo del FMI, que establece que sus préstamos no pueden ser “destructivos para la prosperidad nacional o internacional”.

 

La supresión de la sobretasa para el crédito de Argentina implicaría el ahorro de unos 10.000 millones de dólares en diez años. Este alivio para las finanzas públicas puede terminar de definirse en esos dos eventos internacionales de este mes.