El combo es interesante, pero hace agua: parece apoyarse únicamente en decisiones tomadas en forma unilateral, que no generarán más seguridad jurídica. Sigue faltando el consenso. Las dudas son muchas:

¿Alcanzará la paz social que propone la Presidenta a todos los sectores o algunos conflictos se volcarán a los tribunales?

¿Estarán incluidos los medios de comunicación? Hay muchas medidas oficiales y causas judiciales que siguen avanzando y el gobierno continúa repartiendo la publicidad en forma arbitraria, una práctica extendida en todo el país.

¿Cómo resolverá la Presidenta su conflicto con Moyano? Este es, tal vez, el más previsible de todos los frentes, pues serán ella misma, sus aliados sindicales o algún juez quienes sellen la suerte del camionero.Pero ¿qué garantías tendrá el futuro líder sindical de que no le ocurrirá lo mismo en el futuro mediato?

La jefa del Estado dijo que se continuará con la política de sustitución de importaciones y que no limitará el reparto de utilidades. Pero si la relación Gobierno/empresas se sigue ejerciendo a través de llamadas telefónicas de un funcionario a los empresarios, y no con normas jurídicas, ¿qué amparo tendrán los empresarios? ¿A quién podrán demandar frente a una arbitrariedad oficial?

La mandataria anunció ante la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) la necesidad de modificar el régimen de los seguros por riesgos de trabajo, creado en 1995 con el consentimiento de empresarios, gremialistas y asesores (entre éstos, el actual ministro de Trabajo, Carlos Tomada). Pero, a partir de 2004, la Corte decidió que es inconstitucional obligar a los trabajadores a conformarse con una indemnización laboral tarifada y los autorizó a reclamar, también, una indemnización plena por la vía civil. La solución parece lógica, pero también encarece los costos empresarios. No está claro, aún, qué es lo que propone la Presidenta.

Hay un conflicto no judiciable, pero genera un absurdo institucional mayúsculo. Muchos funcionarios propusieron en los últimos días que Julio Cobos, presidente del Senado, no le tome juramento a Cristina Kirchner. La Constitución dice que ése es el funcionario que le debe tomar al presidente el juramento de que respetará la Constitución. ¿Puede haber un absurdo mayor que violar la Constitución en el acto mismo de jurarla?

La gente observa que todo lo que investigó el juez Norberto Oyarbide sobre el caso Schoklender está mal investigado, según la Cámara Federal. Tampoco encuentra jueces muy independientes ¿Puede la gente creer que la Justicia es un reaseguro cuando fallan los consensos?

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