"En los hospitales de nuestro país se produce una muerte materna cada tres días y más del 43% de estas muertes maternas son por abortos inseguros. Las internaciones por este tipo de situaciones de interrupción del embarazo crecieron en un 46% en los últimos años, lo que equivale a 1.300 abortos diarios. Cada dos partos se practica un aborto inseguro", dijo la legisladora Marta Milesi.

El Estado rionegrino tomará como válidas la Ley sancionada recientemente por el parlamento provincial y la Guía Técnica para la atención integral de abortos no punibles elaborada por la Nación, a fin de consolidar los mecanismos de actuación frente a este tipo de requerimientos. Un equipo interdisciplinario pondrá la atención en los pequeños centros de salud donde no existen en la actualidad servicios de acompañamiento.

El requerimiento de ajuste interno pasará por "dar instrucciones precisas" sobre cómo actuar en nosocomios de menor capacidad en los que no se cuenta con áreas de Maternidad e Infancia. Los responsables indicaron que en los hospitales cuya complejidad IV a VI, no habrá inconvenientes, y en caso de tener que realizarse un "legrado" puede haber derivaciones médicas hacia esos nosocomios mejores dotados.

Aclararon que el número de antecedentes son escasos en Río Negro, como también es muy posible que el servicio a cubrir sólo se requiera de la asistencia con pastillas. La guía dispuso autorizar la inscripción de la especialidad medicinal de nombre misoprostol con indicación para trabajo de parto.

El Programa de Prevención y Atención de la Violencia Familiar puesto en práctica por el organismo sanitario ya elaboró normas de atención urgente a personas violadas o abusadas sexualmente que ingresan a los servicios de urgencia de los hospitales.

Además, cada servicio tendrá a disposición de las solicitantes un formulado, que reviste carácter de declaración jurada, a fin de dejar consignado el consentimiento informado para la interrupción de un embarazo.

Esta declaración ofrece la posibilidad de que la víctima de una violación pueda, a voluntad, ofrecer circunstancias del hecho y dejar asentado características del agresor. Si alguna persona desea brindar detalles, Salud Pública no estará obligado a denunciar penalmente el hecho. "Se quita esta responsabilidad porque se toma como un delito de acción privada, y queda a decisión de la víctima recurrir a la Justicia", aseveraron los profesionales.

"La decisión política de seguir adelante está tomada, y si la norma dispone que la interrupción voluntaria del embarazo debe realizarse en un plazo no mayor de 10 días a partir de una solicitud, sin duda que tiene que ser así", afirmaron los miembros del equipo integrado por el secretario de Salud, Carlos Mercapide, el subsecretario de Políticas Públicas, Edmundo Larrieu, y la jefa del Departamento de Salud Reproductiva de la cartera sanitaria, Sileni Welke.