Mientras que en Córdoba se autorizaron esta semana dos nuevos pedidos de interrupción de embarazos que se produjeron por violaciones, en otras provincias todavía no se ha decidido encolumnarse detrás de esta iniciativa. Primero fue el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, quien dijo que su provincia no acataría el fallo de la Corte, aunque días después terminó aprobando el decreto que instruye la reglamentación del aborto. Ahora, el que aseguró que su distrito no acatará el fallo fue el primer mandatario de Mendoza, Francisco Pérez. La provincia cuyana tiene un gran antecedente en este tema: en 2006 vivió un caso que tomó trascendencia a nivel nacional por el pedido de una chica discapacitada que había sido violada. En ese momento, la víctima consiguió la orden judicial para realizarse el aborto a pesar de que se presentó un recurso de amparo para que no se permitiera el procedimiento.

Además, muchos médicos se negaron a realizar la operación que se produjo de noche y a “escondidas” debido a la guardia que habían montado varios grupos antiabortistas en donde estaba internada la mujer. Luego de que se conocieran los dichos de los obispos de Cuyo manifestándose en contra del fallo de la Corte Suprema, que se sumaron al insistente pedido de varios grupos antiabortistas mendocinos para que la provincia sea declarada “provida”, Pérez argumentó que los fallos no tienen la misma jerarquía que las leyes porque “son para un caso concreto. Lo que se aplica o no son las leyes, no los fallos. Nosotros nos regimos por las leyes, no por los fallos jurisprudenciales”.

Es verdad que, en tanto y en cuanto el Congreso de la Nación no modifique el artículo 86 del Código Penal que expresa el alcance de la punibilidad de estas prácticas, cada provincia tiene la potestad de instruir o no la reglamentación del aborto.

Pero lo cierto es que apoyar y sumarse a esta iniciativa va más allá de esto, se trata de adherir a una política nacional de salud pública que intenta proteger de alguna manera a la gran cantidad de mujeres y niñas que ven con frecuencia vulnerados sus derechos y son víctimas de violencia sexual.