El Tribunal Oral Federal de Neuquén condenó con penas severas a ex jefes militares y de Inteligencia y altos mandos policiales pero absolvió a 8 imputados, entre ellos policías de la provincia de Río Negro.
La lectura del fallo, que se extendió por un poco más de 20 minutos condenó a 13 imputados y absolvió a 8, en su mayoría policías de la provincia de Río Negro.
Sólo dos defensores de los imputados se encontraban en la sala.
Las condenas más severas recayeron sobre los máximos jefes y dos policías, quienes cumplirán sus penas en sus domicilios. Fueron considerados penalmente responsables de delitos calificados como de asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad, tormentos psíquicos y físicos, y de otras graves imputaciones.
La resolución marcó en el primer punto el rechazo a todos los planteos propuestos por la defensa para declarar la inconstitucionalidad de la causa y otras nulidades.
La mayoría de los suboficiales de la policía de Cipoletti y Cinco Saltos acusados también de graves delitos, fueron absueltos en forma unánime, por el tribunal compuesto por Orlando Coscia, Eugenio Krom y Mariano Lozano.
El fallo, que fue leído por Coscia y que solamente se limitó a la parte resolutiva, fue cuestionado severamente por víctimas, familiares e integrantes de organizaciones de derechos humanos, quienes insultaron a los jueces.
Las críticas giraron fundamentalmente en “la pobreza” de la pena impuesta a los jefes militares que condujeron el Batallón de Ingenieros 181, el Comando del Ejército y para los integrantes del Departamento Inteligencia.
Las condenas fueron impugnadas por los querellantes, quienes adelantaron que analizarán los fundamentos y no descartan que sean recurridas ante la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca.
Las máximas condenas fueron para Osvaldo Antonio Laurella Crippa, teniente coronel y ex jefe de la Policía de la provincia de Neuquén, con 23 años; Enrique Braulio Olea, quien se desempeñó a partir de marzo de 1976 como Jefe del Batallón de Ingenieros 181; Oscar Lorenzo Reinhold, jefe de Inteligencia del Comando de la VI Brigada, con 21 años; Jorge Molina Ezcurra y Sergio San Martín, oficiales del Destacamento de Inteligencia 182 con 19 años, y José Ricardo Luera, comandante de la VI Brigada de Infantería de Montaña y Jefe del Departamento de Contrataciones del Estado Mayor, con 16 años de prisión.
En los casos de Reinhold y Olea fueron acusados por la aplicación de tormentos psíquicos y físicos doblemente agravada por ser la víctima perseguido político y el resultado de la muerte en el caso de Albanesi. Para ellos el fiscal Marcelo Grosso había pedido 24 años de prisión.
Los magistrados le impusieron una pena de 12 años de prisión de cumplimiento efectivo a Raúl Antonio Guglielminetti, quien en el momento de los hechos juzgados se desempeñaba como personal civil de Inteligencia y revistió en el Destamento de Inteligencia 182 de Neuquén.
El ex suboficial del Destacamento de Inteligencia del Ejército 182 de Neuquén, Enrique Charles Casagrande, quien actualmente se encuentra beneficiado con prisión domiciliaria, fue sentenciado a 8 años de prisión. En tanto, Máximo Maldonado, ex miembro de Inteligencia, fue sentenciado a 7 años.
El Tribunal consideró que la conducta penal de Antonio Alberto Camarelli está sobradamente demostrada y fue condenado a la pena de 10 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua. Se le reprocha al jefe de la entonces Comisaría 24ª de Cipolletti ser autor penalmente responsable del delito de asociación ilícita y partícipe necesario de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por el empleo de violencia.
Los jueces entendieron que Camarelli debe ser absuelto de la aplicación de tormentos psíquicos y físicos agravado.
A Gustavo Vitón, quien en 1976 era teniente primero en el Batallón de Ingenieros de Montaña 181, y el 24 de marzo fue designado como interventor militar en la comisaría de Cipolletti, los jueces lo sentenciaron a 8 años de prisión por los delitos de asociación ilícita y partícipe necesario de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por el empleo de violencia.
El oficial subayudante de Inteligencia de la Policía de Río Negro, Miguel Ángel Quiñones, se lo sentenció a 6 años y 6 meses de prisión.
Absoluciones cuestionadas
Las absoluciones de cuatro policías de la provincia de Río Negro (Gerónimo Huircain, Oscar Del Magro, Julio Villalobo y Saturnino Martínez) fueron cuestionadas, ya que sobre ellos pesaban acusaciones de cometer y permitir torturas en la Comisaría 24ª de Cipolletti. También fue absuelto el comisario de Cinco Saltos, Desiderio Penchulef.
Los magistrados consideraron que la prueba colectada en la investigación o resulta concluyente para probar las conductas penales de los policías rionegrinos.
También el Tribunal absolvió al ex comandante de Gendarmería Nacional, Emilio Sacchitella, por el caso de Ernesto Joubert, detenido en Junín de los Andes, y al ex miembro del Destacamento de Inteligencia del Ejército, Jorge Gaetani.
El Tribunal decidió también mantener las condiciones de detención con la que se benefician la mayoría de los acusados, que gozan de prisión domiciliaria por ser mayores de 70 años.
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