Por Adrián VenturaEl fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya debería traerles a la Argentina y a Uruguay una situación de alivio político, porque puede erigirse en el punto de partida para dejar atrás una historia de desencuentros irracionales y para tejer una política de entendimientos.
La Corte Internacional entendió que Uruguay violó normas procesales del tratado del río Uruguay, porque no respetó elartículo 7, que lo obligaba a comunicar la decisión de construir dos plantas (ENCE y Botnia) que podrían afectar la navegación, el régimen del río o la calidad de sus aguas. Pero, según la Corte, Uruguay no violó las normas sustanciales, porque no contaminó el medio ambiente (puntos 4° y 5° de la sentencia).
Para Uruguay, un país famoso por sujetarse a las normas, el fallo es un llamado de atención, pero pone de relieve, tan sólo, un incumplimiento parcial.
También la Argentina perdió y ganó. El Gobierno nunca pensó realmente que se fuera a ordenar el desmantelamiento de Botnia, pero tampoco logró reparaciones económicas, porque no se comprobó contaminación. Por eso, la condena moral a Uruguay es un éxito agridulce.
Pero nuestro país perdió con su estrategia de litigio y debe aceptar la responsabilidad de ese resultado, en una historia jalonada con momentos pintorescos, como la aparición de Evangelina Carrozzo en una cumbre de presidentes, o aportes menores, como la declaración de la ex secretaria de Medio Ambiente Romina Picolotti ante la Corte de La Haya.
¿No se descalifica la propia Argentina cuando persigue la protección del medio ambiente internacional, mientras en el plano nacional el Riachuelo sigue siendo el río con mayor contaminación del mundo, a pesar de los enormes esfuerzos que realizan la Corte Suprema y un juez de primera instancia?
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Fuentes de la diplomacia dicen que Uruguay se movió en el juicio con mucho profesionalismo y que esa actitud, en los tribunales internacionales, siempre es bien vista. Como contrapartida, a partir del hecho de que la Corte de La Haya afirmó que la Argentina no probó que hubiera contaminación, alguien, en el Gobierno, debería dar explicaciones:
* ¿Existió realmente esa contaminación y la Argentina no tuvo diligencia profesional para probarla?
* ¿O será que la contaminación no alcanza los niveles suficientes para alterar el ecosistema y simplemente el Gobierno usó el miedo de que ello ocurriera para alarmar a los pobladores y los asambleístas de Gualeguaychú?
Varios estudios internacionales, que el Gobierno siempre procuró ocultar, coincidieron en señalar que no había contaminación. Si esto fue así, una política populista y engañosa habría llevado a la Argentina a un litigio innecesario. Nadie responderá esas dudas, que quedarán para la historia. Quizás, el fallo, después de todo, no sea malo y les permita a los dos países superar siete años de desencuentros, reencauzando la relación bilateral y revitalizando los "mecanismos de cooperación" del tratado para evitar daños en el ecosistema. El fallo, en definitiva, reclama que nos comportemos con responsabilidad.
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