El gobierno provincial desistió de hacer la consulta popular en los términos en que estaba proyectada y evaluará la nueva situación planteada por la decisión judicial que trabó la iniciativa. En un comunicado de prensa, señaló que “los inexplicables errores de procedimientos y las demoras injustificadas de la Justicia (rionegrina) han afectado la organización de la consulta popular”.

En este sentido, anoche, durante su visita a la ciudad, el gobernador Miguel Saiz dejó en claro que su administración no insistirá con convocar la consulta en otro momento.

Ante una consulta periodística sobre un cambio de fecha, expresó que "nosotros no podemos convocar a 90 días de plazo a una consulta popular; me parece que es un despropósito. Lo que sí, vamos a tratar de establecer algún otro sistema de consultar la opinión de la gente, con urnas volantes, encuestas en los supermercados y en las esquinas más céntricas de cada una de las localidades, a los efectos de que la gente emita su opinión".

El mandatario dijo que en la postura asumida por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de comparar la consulta popular con otros tipos de elecciones "hay una falta de razonabilidad total y absoluta".

En tanto, en el comunicado oficial conocido también ayer pero más temprano, el gobierno se refirió en términos críticos al fallo del máximo tribunal provincial, el cual resolvió que el Poder Ejecutivo adecue a los plazos establecidos por el Código Electoral la consulta popular impulsada para conocer la opinión de la ciudadanía acerca del envío del proyecto de reforma constitucional.

“Los plazos del Código Electoral están previstos para proceso de elección más complejos en los que se deben establecer inscripciones de candidaturas, partidos y alianzas, reconocimiento partidario, internas, plazo de presentación de listas, empadronamiento, impugnaciones, oficialización de listas y boletas, verificación de candidatos”, puntualizó el comunicado oficial.

Agregó que “no es posible comparar la elección del gobernador y vice con una consulta popular, que persigue el acompañamiento o no de la ciudadanía a una decisión inmediata. Indudablemente, una elección general requiere de un procedimiento mucho más complejo y diferente a una consulta en la que sólo se solicita pronunciarse por sí o por no”.

Se señala que “los inexplicables errores de procedimientos y las demoras injustificadas de la Justicia han afectado la organización de la consulta popular. El Poder Ejecutivo postergará la consulta popular y evaluará la nueva situación planteada por la decisión judicial”.

Añade la nota que “así como algunos sectores minoritarios que no querían la reforma y hoy son reformistas, otros sectores no quieren la consulta popular porque prefieren que sea un grupo y no toda la sociedad la que decida cuando debe hacerse la reforma”.

Tras puntualizar que “la reforma seguirá en marcha, al proyecto del Poder Ejecutivo se le han sumado dos proyectos que ya están en la Legislatura”, destaca que “el proyecto del Ejecutivo dice claramente que la convocatoria a la Convención Constituyente debe hacerse durante 2010. Es poco serio declarar la necesidad de la reforma y fijar la oportunidad para dentro de dos años. El sentido común y la voluntad popular seguro que iban a manifestarse afirmativamente hacia ese objetivo, pero se obstruye la consulta, como se intentó obstruir el proceso de reforma”.

En otro párrafo se indica que “las fuerzas políticas han reconocido la importancia de nuestra propuesta, pero sobre todo ha sido la participación popular y mayoritaria de los habitantes de la provincia la que ha permitido superar los obstáculos de los conservadores de siempre”.

Ringo González criticó fuerte al PJ

El secretario general de la Gobernación, Francisco González, lamentó el resultado de la judicialización del proceso de consulta popular y denunció que “desde un primer momento el PJ se dedicó a ensuciar este proceso democrático, pero siempre amparándose en un doble discurso, porque por un lado, dijeron desde un principio que no iban a participar de este proceso de consulta popular porque no les interesaba, pero por el otro, están participando porque fueron a la Justicia e impugnaron el llamado. Entonces: ¿Quién le miente verdaderamente a la gente? "Creo que está muy clarito todo".

“Además, dedicaron estas dos semanas a asegurar que el Gobierno presionaba a la Justicia, que se estaba negociando el 82% móvil y cuanta barbaridad pueda salir de la boca de dirigentes como los Soria, planteando de esa forma ellos mismos un esquema de presión por sobre la Justicia, tal vez acostumbrados a esas prácticas que ya todos les conocemos”, añadió.