La sentencia, tal cual salió, se esperaba en el Ejecutivo municipal. Desde que el planteo se realizó, a finales de 2003, entre la gestión de Alfredo Avelín Nollens y Enrique Conti, ya se conocían las imposibilidades financieras del municipio para enfrentar el convenio colectivo que firmó y acordó en el año 1995 el intendente Javier Caselles.

Con fecha 17 de mayo, la jueza del Noveno Juzgado Civil dictó sentencia y ordenó al Ejecutivo municipal pagar las diferencias salariales devengadas desde el 1 de enero de 2003 hasta la fecha donde quede firme el fallo. Concretamente el fallo dice que “condena a la Municipalidad de la Capital a pagar, a los empleados accionantes, las diferencias salariales adeudadas desde el 1 de enero de 2003 hasta el dictado del pronunciamiento definitivo. Más los intereses tasa pasiva que se devenguen hasta su efectivo pago. Al sindicato accionante, se deberá pagar el porcentaje de aportes y contribuciones gremiales que correspondan por el mismo periodo. El monto adeudado se determinará en la etapa de ejecución de sentencia y deberá ser pagado dentro de los diez días de quedar en firme la presente sentencia”.

Desde el municipio, apenas se dieron por notificados, fijaron su posición frente al fallo. En este sentido el jefe de Gabinete, Mario Herrero, fue quien se encargó de hablar por la gestión Lima. “No podemos arriesgar un monto definitivo, ya que la liquidación habrá que hacerla conforme lo disponga su señoría en la sentencia definitiva. De todos modos hay que tener en cuenta que es una sentencia de primera instancia y que el municipio va a apelar el fallo en días más”, dijo el funcionario.

Si bien no existen montos estimativos del total de la deuda, se habla de unos $40 millones aproximadamente lo que adeudaría el municipio a sus empleados, debido a las diferencias generadas entre lo que cobraron y deberían haber cobrado, según lo determina el convenio bloquista.

Pero las críticas al SUOEM y sus dirigentes no estuvieron ausentes. Herrero se encargó de aclarar que “este juicio termina beneficiando a los abogados y peritos que han intervenido en el proceso y no a los empleados municipales. Los abogados cobrarán seguramente sus honorarios sin falta”, sentenció. Cabe aclarar que patrocinando a los empleados que presentaron la demanda contra el municipio se encuentra el polémico Antonino Dammico.

Tiempo para plantear la modificación al convenio colectivo

“En algún momento habrá que sentarse, en torno ha una mesa, sincerando la situación y en todo caso planteando un nuevo régimen que se pueda cumplir y no un acuerdo con características de imposible cumplimiento”. Con esta frase el jefe de Gabinete del municipio abrió la puerta para al debate inminente que se aproxima. La posibilidad de discutir un nuevo convenio colectivo, se deslizó en medio de ojo de la tormenta entre el municipio y el SUOEM, pero luego se tranquilizaron las aguas y del tema no se habló más. Pero, tras el fallo del Noveno Civil se reaviva ineludiblemente el debate. Hoy el número de concejales necesarios para cambiar el convenio colectivo de trabajo alcanzan y por una sencilla razón, todos los bloques saben que con el actual convenio no se puede gobernar el municipio, por lo que están de acuerdo en la modificación, menos los dos concejales bloquistas, por obvias razones.

Pero el ámbito propicio para que el debate se dé son las paritarias. Pero las paritarias no se pueden llevar adelante desde que asumió Lima y el Ministerio de Trabajo de la Nación habilitó a UPCN a sentarse en esa ámbito de discusión, por planteos del SUOEM, gremio que quiere seguir con la exclusividad perdida tiempo atrás sin que se de cuenta.

Lo cierto es que más de un dirigente capitalino entiende que éste es el momento adecuado y propicio para avanzar en la reforma, resta esperar la decisión política para hacerlo.