La presentación de Escalante tiene relación a la declaración de Patrimonio Histórico Cultural de una casa o solar antiguo, ubicado frente a la plaza central de Santa Ana, aprobado por el Concejo Municipal.

Tal decisión del legislativo comunal fue vetada por la Intendente. Sin embargo, los ediles insistieron con el proyecto y rechazaron la postura de la jefa comunal. Entre otras determinaciones, el Concejo aprobó que dicha Casa Histórica sólo podría ser usada para determinadas actividades con el aval unánime de los ediles.

A pesar de ello, en la última fiesta patronal, la Intendente decidió la utilización de la Casa Histórica para un baile, sin siquiera comunicar dicha actividad al Concejo.

La respuesta de los concejales fue suspenderla por dos días por incumplimiento de la Ordenanza, sanción que en la teoría fue cumplimentada el 10 y 11 de agosto pasado.

Sin embargo, la validez de la Ordenanza que derivó en la sanción de la Intendente fue objetada judicialmente. Es decir, si la Justicia entendía que la legislación municipal aprobada no era legítima, caerían las razones por las cuales se sancionó a Escalante.

No fue así. En su fallo el STJ señala que una vez ratificada la Ordenanza al Ejecutivo solamente le queda cumplirla.

Los otros frentes abiertos

Pero no se trata del único cortocircuito entre el Ejecutivo y el Legislativo municipal en Santa Ana. Por ahora se mantiene en “stand by” una suspensión por 25 días y el Concejo estudia un pedido de juicio político contra la intendente Ana María Escalante.

La falta de envío de los balances de los últimos dos semestres (el último de 2009 y el primero de 2010) más las reiteradas ausencias de la Intendente a las interpelaciones determinaron que los concejales suspendan por 25 días a Escalante, medida que fue frenada judicialmente.

Por otra parte, vecinos de Santa Ana presentaron un pedido de juicio político. Acusan a Escalante de fraguar las rendiciones de gastos del dinero correspondiente al “Fondo Sojero” girado a ese poblado