Una delegación provincial expuso la postura y sólo la escucharon dos senadores nacionales.
Pero legisladores y ministros provinciales se quedaron con gusto a poco. Es que sólo dos senadores de otras provincias -además de los tres mendocinos- escucharon los planteos.
La intención de los tres senadores nacionales por Mendoza, Laura Montero, Ernesto Sanz y Adolfo Bermejo, era que los legisladores provinciales y los ministros de Celso Jaque (viajaron el titular de Producción, Raúl Mercau y el de Gobierno, Mario Adaro) fueran escuchados por todos los integrantes de la Comisión de Economía que preside la cobista Montero. Pero no pudo ser.
Ayer la comisión no se reunió -el Senado no sesionó- y además el secretario parlamentario del cuerpo, Juan Estrada, que responde directamente al matrimonio Kirchner, decidió girar el proyecto de los senadores mendocinos que deroga el decreto 699 sólo a la comisión de Asuntos Constitucionales, que presidente el ultra-kirchnerista Nicolás Fernández.
Por eso las autoridades provinciales debieron conformarse con la escucha atenta de los senadores nacionales de Corrientes, Nito Artaza, y de Santa Cruz, Alfredo Martínez, y con que sus quejas y propuestas queden reflejadas en las versiones taquigráficas que Sanz, Montero y Bermejo usarán para pelear en la próxima sesión de la Cámara alta para que el proyecto de derogación del decreto 699 también se trate en la comisión de Economía.
Hoy, las autoridades mendocinas -encabezadas por el vicegobernador Cristian Racconto- esperan tener más suerte cuando asistan a la comisión de Economías Regionales de Diputados, ya que fueron invitados por el cobista Ricardo Mansur a participar de la reunión habitual del órgano.
"Lamento que ninguna comisión del Senado nos pueda recibir. Creo que sería bueno instalar de una vez el tema ante los representantes de otras provincias. Si no sólo estamos escuchándonos a nosotros mismos", dijo la diputada nacional Patricia Fadel (kirchnerista) cuando le tocó hablar.
La intervención de Fadel generó algunas caras de desaprobación, como las de Montero o el senador provincial radical Armando Camerucci.
"Teníamos más expectativas de un marco más institucional para conseguir el apoyo de otras provincias", admitieron Mercau y el presidente de la Cámara baja mendocina, Jorge Tanús. En tanto, el diputado demócrata Roberto Pradines fue más duro: "Esto es una pantomima".
Ayer, los legisladores provinciales coordinaron con los parlamentarios mendocinos una línea de acción. Se decidió no sólo pelear por la derogación del decreto -ya que se entiende que es una lucha que podría perderse fácilmente- sino también proponer en el Congreso alternativas superadoras al actual sistema de beneficios impositivos para las industrias de las provincias vecinas.
La senadora Montero explicó el proyecto que elaboró (ver aparte) y el diputado nacional del PJ, Omar Félix, delineó en qué consiste la iniciativa que presentará en breve.
Por otro lado, Adaro y Mercau admitieron que la estrategia del Ejecutivo es pelear por una compensación del Gobierno nacional equivalente a lo que reciben cada una de las provincias promocionadas, pero pagada "contemporáneamente" y no luego de un juicio de 10 años.




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