La Provincia a partir de fin de mes comenzará a definir la situación de los 6.000 contratados heredades de la gestión de Juan Schiaretti, por lo que el gobernador José Manuel de la Sota delegó al Ministerio de Administración y Gestión Pública, a cargo de Mónica Zornberg, la función de decidir o no la continuidad de los mismos.

De acuerdo a dos decretos publicados ayer en el Boletín Oficial, tendrá Zornberg la facultad de otorgar la autorización para toda contratación o designación bajo la modalidad de locación de servicios y sus respectivos precios, en los siguientes ámbitos: administración central, agencias, Apross, Ersep y Ceprocor.

La ministra no sólo tendrá la potestad para modificar los precios de las contrataciones (sueldos), sino que también podrá cambiar los lugares e prestación de los servicios “conforme a las necesidades” de la administración central y agencias.

Serán los titulares de los organismos descentralizados los responsables de realizar las gestiones necesarias para hacer efectivas las contrataciones que se encuentren autorizadas por el Poder Ejecutivo en los términos del artículo 58 del Decreto 2565/11 y las disposiciones del presente instrumento legal.

La autorización del Poder Ejecutivo será imprescindible en toda designación de personal, ya sea bajo la modalidad de locación de obra, de servicio, pasantía, consultoría, beca, servicios a cargo de terceros (monotributistas) o cualquier otra vinculación jurídica remunerada o no con la que se nomine.

En tanto, se delega a los ministros, secretarios de Estado, presidente de los directorios de las agencias, la función de “aceptar renuncias por motivos particulares o de jubilación, disponer la baja del personal de la Administración Pública provincial, disponer reservas de cargo, en los casos de aceptación de renuncias, por el otorgamiento de jubilaciones por invalidez provisoria y disponer pases definitivos, transferencias y permutas dentro de la jurisdicción.

Se reserva para el ministro de Educación la facultad de designar personal docente en carácter de interino o suplente, y cambios de imputación de cargo por modificaciones orgánicas.

La ministra de Justicia y el titular de la cartera de Seguridad tendrán similares facultades para las áreas del personal penitenciario y policial, respectivamente.