El director del Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (Ciima-Eseade), Lic. Aldo Abram, afirmó que el tema central en el Congreso no pasa por la eliminación de las facultades delegadas, sino por “rediscutir” el presupuesto de 2010, ya que al aprobarse con números “irreales” el Ejecutivo nacional tiene “al menos $ 46.000 millones” para gastos arbitrarios.

El economista afirmó, en declaraciones exclusivas a EL LIBERAL, que la eliminación de las facultades delegadas “sería un gran aporte a la calidad institucional de la Argentina” y afirmó que una decisión de este tipo “no generará desfinanciamiento ni incertidumbre económica”, ya que “los recursos existen”.

¿Qué implicancias tendría en la economía argentina la eliminación de las facultades delegadas al Ejecutivo por el Congreso?

Lo primero sería un gran aporte a la calidad institucional de la Argentina, porque según nuestra Constitución nacional, que está en línea con las constituciones democráticas republicanas del mundo, el único que puede fijar impuestos es el Congreso y esas facultades no se pueden delegar, tal el caso de las retenciones, que son impuestos a las exportaciones. Esto es algo que hace muchísimo tiempo que el Poder Legislativo debió haber recuperado, pero también tiene otras materias pendientes, como es el tema de la determinación del gasto, que es una facultad, un rol del Congreso, porque es éste el que determina en qué se ejecuta el dinero de los contribuyentes.

¿Una decisión de este tipo no corre el riesgo de desfinanciamiento del Estado?

No, para nada, aquí hay un tema gravísimo que no solamente tiene que ver con el Gobierno, sino con la oposición, que es el presupuesto nacional. El año pasado se aprobó una ley absolutamente irreal, con estimaciones de ingresos surrealistas por lo bajo y este año el Ejecutivo nacional va a tener por lo menos 46.000 millones de pesos más de ingresos que lo que está en el presupuesto. Y en función de eso es que el Gobierno viene utilizando arbitrariamente esos recursos excedentes y por lo tanto aumenta el gasto más del 30%, cuando estaba presupuestado que iba a subir este año el 12%. Entonces no es el tema de si se pueden eliminar o no las facultades delegadas, o las retenciones, o si se puede pagar el 82% móvil, sino que el problema grave es de irresponsabilidad de ambas partes por cómo se está manejando el tema, habría que rediscutir el presupuesto, porque lo que se debería hacer es ver primero cuáles son los ingresos y después decidir cómo los asigno.

Más allá de lo que se decida en el tema de facultades delegadas, ¿puede generar incertidumbre política que afecte la evolución de la economía?

No creo, porque hay conciencia de que los recursos existen como para financiar esto y es algo que tiene que suceder. A tal punto los recursos existen, que al darse por hecho que el Congreso puede llegar a avanzar sobre las facultades delegadas y por lo tanto las retenciones (a las exportaciones agropecuarias), lo que está planteando el Gobierno es adelantársele y hacerlo primero y llevarse el rédito político de la decisión. Eso es porque están los recursos, al igual que los anuncios de las Asignaciones Universales por Hijo, simplemente se trata de ver quién se lleva el rédito político del uso de esa caja. Ante ello, sería bueno que empecemos a exigirles a nuestros legisladores que hagan las cosas un poco más responsablemente y menos demagógicamente en el marco de asignar recursos en el marco de una redistribución del presupuesto, algo que no generará incertidumbre. Hoy, la verdad, las perspectivas que tenemos es que no existen posibilidades de cesación de pagos en el corto plazo y si de última llegase a faltar algún dinero para pagar la deuda, va a salir del Banco Central, o sea que vamos a pagarlo con impuesto inflacionario.

Además de la inflación, ¿hay alguna otra variable macroeconómica que sea preocupante?

No, fundamentalmente es la inflación. Para el año que viene va a volver a ser un tema preocupante, hay que ver cuál es la expectativa que tiene de gasto el Gobierno en un escenario electoral y cuánto va a reclamársele de que ese gasto sea financiado por el Banco Central, con lo cual podríamos tener una aceleración de la inflación. Lo que sí va a afectar sin lugar a dudas va a ser la incertidumbre que genera cualquier elección presidencial en la Argentina por la falta de calidad institucional, porque lamentablemente tenemos un esquema en el cual no hay políticas de Estado, sino que lo que hay son decisiones arbitrarias de presidentes que tienen la suma del poder público, entonces eso genera gran incertidumbre ante las expectativas de cambio o continuidad de gobierno.