Se trata de una normativa que generó polémica en distintos municipios luego de que el gobernador Daniel Scioli la promulgara e incentivara a los ejecutivos comunales a adherir, ad referéndum de los concejos deliberantes, pero que desde el oficialismo local se resaltó como una forma de fomentar la inversión del sector privado en proyectos de interés público.

El edil quiso despejar las dudas que pudieran surgir sobre el verdadero motivo del Concejo Deliberante de adherir en forma unánime a la normativa. Es que fueron surgiendo algunos interrogantes sobre la marcha ya que, a través de esta herramienta, el Gobierno provincial podría recibir, entre otros, inversiones de proyectos de infraestructura como obras viales a cambio, por ejemplo, de la instalación de peajes para financiar la reparación de rutas provinciales. La Ruta 6, que une Zárate con Campana podría ser una de ellas.

Al respecto, afirmando el compromiso de no avalar nunca la instalación de cabinas de peajes sobre Ruta 6 entre Zárate y Campana, García Otero aseguró que el objetivo buscado por el Municipio con este aval es captar la inversión privada en beneficio de la comunidad.

“Ya sufrimos el calvario de tener un peaje dentro del partido de Zárate, con el peaje de Lima, y no vamos a permitir que los haya entre Zárate y campana”, dijo el presidente de Nuevo Zárate.

Sin embargo, aclaró que la autorización y reglamentación de peajes no es una facultad municipal y que si bien avalan la ley que deja la puerta abierta al Estado provincial para hacerlo, no fue esa la razón que motivó la presentación del proyecto de adhesión y su aprobación.

“La adhesión a la Ley 13.810 que el Concejo Deliberante sancionó en la sesión de diciembre pasado faculta al Ejecutivo a iniciar gestiones de inversión privada en forma mixta con el Estado comunal para el desarrollo de obras de infraestructura, equipamiento urbano, espacios verdes y es algo que ya habíamos planteado dentro del proyecto del Master Plan Costanera para generar inversión para todo el desarrollo de la costa”, explicó García Otero.

Dado que mediante la adhesión a este régimen los distintos estratos gubernamentales, tanto nacional, provincial y ahora municipal, pueden recibir inversiones para proyectos de infraestructura y servicios, el concejal informó que “presentamos el expediente como en forma independiente al Master Plan porque la ley permite al Ejecutivo iniciar gestiones para inversión en otros sectores de la ciudad, no solo en Costanera, independientemente que la ley permita al Estado provincial utilizarla para otras cosas que ya no son facultades del Municipio”.

El objetivo, a través de este sistema es que capitales privados sean los que financien proyectos del Estado municipal o que los mismos se realicen en forma conjunta, con un beneficio para ambos. “Adherimos a la ley para implementar lo que es facultar a la Municipalidad dentro del Régimen de Iniciativa Privada, solo eso”, dijo García Otero.