A la dieta solo se le adicionarán las asignaciones familiares correspondientes, y ningún funcionario alcanzado por la normativa podrá percibir ítems como antigüedad o titulo.

Además, la Gobernadora suspendió a través de la firma del decreto 2056/11, la aplicación en el ámbito del Poder Ejecutivo del aumento a su dieta y la de los funcionarios políticos votada por la Legislatura.

Dado que la base de cálculo para la fijación de la dieta – el equivalente a siete salarios de la categoría 10 del Poder Legislativo - se estableció por medio de la Ley 851, las facultades de la Mandataria solo permiten suspender el cobro del aumento a ella y sus funcionarios.

El proyecto presentado con pedido de tratamiento de urgencia de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 111 de la Constitución Provincial , establece en su artículo primero “que la remuneración mensual, habitual y permanente del Gobernador de la Provincia …, será equivalente al promedio de la remuneración mensual, habitual y permanente que perciban los intendentes de los municipio de la Provincia , a la que se le adicionará un cinco por ciento (5%).

Asimismo fija el sueldo del vicegobernador, en una suma equivalente al noventa y cinco por ciento (95%) de la remuneración total dispuesta para el gobernador por todo concepto, a partir del momento establecido en el artículo primero.

Con se mismo criterio se fija la dieta para los legisladores, en un noventa por ciento (90%) de la remuneración total dispuesta para el gobernador en todo concepto, con vigencia al momento de la publicación de dicha Ley.

Mas adelante en su articulado se establece que a dichas remuneraciones se le adicionarán solamente las asignaciones familiares, no pudiendo percibir ningún funcionario alcanzado por esta norma, los adicionales por título y antigüedad.

Se faculta al Gobernador a establecer la remuneración de sus funcionarios y se derogan además las leyes provinciales Nº 277 y Nº 851 que fijaban dichas remuneraciones.

Dentro de las razones expuestas en los considerandos del proyecto, la mandataria aclara que “resulta necesario determinar los alcances que pretendió el dictado de la ley (en referencia a la Ley provincial 851), respecto a la imposibilidad de cobro retroactivo alguno, como así también la expresa prohibición, reiterando los preceptos constitucionales, de que, no puede en modo alguno sostenerse con fondos del tesoros, los ítems de antigüedad y título, los que resultan atributos personales de quienes son funcionarios políticos electos o designados y que no son requeridos para el ejercicio de la función.

Y se reitera tal como lo establecía la ley 277, el artículo que le otorga al Gobernador la potestad de establecer el sueldo de sus funcionarios designados.

De igual forma, se pretende establecer una relación de razonabilidad, de percepción de dietas estableciendo una relación que no pueda ser acordada entre los Poderes, sino que guarde proporcionalidad con funciones similares.

Bajo este criterio es que se establece una proporcionalidad de un cinco por ciento más del promedio de la dietas fijadas por los Concejos Deliberantes a los Intendentes de ambos municipios de la provincia, evitando así toda posibilidad de acuerdo entre los poderes provinciales y estableciendo una proporcionalidad en cuanto a responsabilidades y funciones a través de un mecanismo que no ha recibido ningún tipo de cuestionamiento.

El proyecto determina con certeza la remuneración del Gobernador y los conceptos que comprende.

La Gobernadora, aclara además que se pretende despejar dudas que surgieron luego de la insistencia legislativa, acerca de “acuerdos espurios para el año 2012 entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, connivencias, cifras irritantes, advertencias sobre aumentos de cargas impositivas al sector privado para sustentar negocios de funcionarios, y una larga lista de etcéteras que pudieron ganar la opinión pública”.