Puesto en números, esto significa que si una persona cobra 100 pesos y sufre una pérdida de 50%, en este caso no necesitará un incremento de 50%, sino de 100% para volver al nivel inicial (o sea, pasar de 50 a 100 pesos). La proporción varía según se trate de cifras y quitas porcentuales más bajas o más altas: por ejemplo, si la pérdida fuera de 20%, requeriría un ajuste de 25%; si, en cambio, llegara a 60%, la suba para compensarla trepa a 150 por ciento.

Hugo Moyano parece desconocer esta elemental cuestión matemática, indispensable para tener en cuenta en épocas inflacionarias. Cuando sostuvo que la actual inflación en la Argentina "permite la movilidad social", omitió aclarar que en buena medida ocurre en sentido descendente: más de 40% de la población (entre desempleados, trabajadores en negro, cuentapropistas, empleados públicos provinciales y jubilados) difícilmente concuerde con su diagnóstico.

En cuanto al 60% restante, no todos resultan ganadores tras la ilusión de ganarle a la carrera de los precios. Excepto los sindicalistas con capacidad de presión similar a la del dirigente camionero, que creen aumentar su capital político cuando logran aumentos salariales de dos dígitos, aunque ello no signifique en muchos casos mejorar efectivamente el poder adquisitivo de sus representados si la inflación se mantiene en alza.

Según esta visión, compartida por muchos funcionarios oficiales, da más "chapa" un incremento de 25% frente a una inflación similar (pese a que requeriría un ajuste nominal de 33,3% para no convertirse en una pérdida real de 6,25%), que otro de 7% frente a una inflación de 5% (aunque implicaría una mejora real de 1,9%). Paradójicamente, entonces, una mayor inflación resulta funcional a sus intereses políticos. Para ellos también es una ayuda que el Indec se ocupe sistemáticamente de subestimarla, por más que la expansión de la política fiscal y monetaria se encargue de retroalimentarla. Quienes pueden elevar sus precios más allá de la incidencia de sus costos, la escasez de competencia, las regulaciones oficiales o las fintas boxísticas de Guillermo Moreno, agradecidos.

Sin embargo, el enfoque más preocupante que comparten el jefe de la CGT y la Casa Rosada se expresa en otro maniqueísmo de Moyano: "Es peor la inflación cero con ajuste que la actual", dijo. Como si fueran las únicas opciones posibles.

El juego de los opuestos

Plantear únicamente los extremos, como suele hacerlo el matrimonio Kirchner, no sólo constituye un sofisma (según la Real Academia, "razón que defiende lo que es falso"), sino que implica desconocer la realidad. Sin ir más lejos, Brasil está creciendo al 7% anual con una inflación de 5,6%. En Chile y Uruguay, que crecen algo menos que la Argentina, las proyecciones inflacionarias para este año se ubican en 4 y 6,5%, respectivamente. La alta inflación, entonces, no es una condición para el alto crecimiento. Además, a nadie en su sano juicio se le ocurriría proponer que aquí baje abruptamente a cero, después de las traumáticas experiencias deflacionarias de fines de los 90 y comienzos de la de 2000. Razonar de esta manera equivale a la misma exageración que suponer que la alternativa contraria sería desembocar en la híper de fines de los 80 y comienzos de los 90, cuando los actuales indicadores macroeconómicos tampoco la justifican.

Pero esto no significa que se deba renunciar, como se desprende del discurso oficial, a toda política para evitar que siga subiendo y lograr que en el mediano plazo se ubique en niveles más civilizados. Según el economista Juan Llach, "uno de los dramas de la actual inflación es la necesidad de aumentarla para hacer una justicia (redistributiva) que ella misma se encargará de hacer efímera, como ocurre ahora mismo con las jubilaciones". Esta dinámica realimenta las expectativas de que seguirá aumentando. La última encuesta del consultor Hugo Haime la ubica en 30% para 2010.

Otro drama es que nadie sabe desde qué nivel habría que reducirla, antes de que hipoteque el crecimiento económico futuro. Como si fuera una regla implícita, el Indec volvió a registrar en julio una suba de precios minoristas (0,8%) equivalente a la mitad de la mayoría de estimaciones privadas (1,7%, según las consultoras Ecolatina y Finsoport). El discurso oficial se va al otro extremo cuando señala que los privados duplican intencionadamente la cifra del Indec. Pero este argumento se autodestruye si se tiene en cuenta que muchos cálculos privados se basan en las mediciones oficiales de institutos provinciales de estadísticas. ¿Es creíble que la inflación en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires sea invariablemente la mitad que en el interior del país, más allá de los mayores precios de combustibles y tarifas energéticas y de transporte que se pagan en las provincias?

Este interrogante podría haber sido respondido por los senadores oficialistas que votaron en contra de la normalización del Indec, junto con otro: ¿para qué les sirve a los argentinos un organismo en cuyas estadísticas no creen porque no reflejan la realidad de los precios y distorsionan además los indicadores de pobreza e indigencia? La defensa del Indec tal como está es a la sociedad lo que a un paciente el termómetro alterado por un médico que se resiste a combatir la fiebre.

Los extremos también están presentes cuando se habla de política fiscal. Aquí el "ajuste" se agita siempre como alternativa. Pero la opción no es bajar el nivel de gasto público, sino adecuar su exuberante ritmo de crecimiento a las posibilidades de financiarlo genuinamente, sin acentuar la presión tributaria, que incluye ahora un mayor impuesto inflacionario, ni la emisión monetaria, que amenaza con incrementarlo.

Con todo, la buena noticia es que nadie se ubica en el extremo de prever episodios explosivos en la economía argentina para los próximos meses, sobre todo si siguen ayudando la demanda de China y Brasil y los altos precios de la soja. La mala es que el Gobierno siga instalado en el lado opuesto de creer que con la inflación no tiene que hacer otra cosa que disfrazarla en las estadísticas, o acompañarla más o menos de cerca, según el caso.

Las excepciones más visibles en esta paulatina indexación de la economía son el tipo de cambio casi inmóvil, que eleva los costos y precios en dólares, y las tarifas congeladas de energía y de transporte metropolitano (trenes, subtes y colectivos), que abultan la cuenta de gasto en subsidios estatales. Dos mochilas que serán cada vez más pesadas y que, al acumular deterioros que en algún momento deberán recuperarse, aumentan la incertidumbre desde fin de 2011 en adelante. La forma y la magnitud son una incógnita; sobre todo si se tiene en cuenta aquel cálculo inverso de porcentajes que suelen ignorar Moyano y buena parte del elenco oficial.