Si esta fue o no una situación casual, es materia de especulación. Lo cierto es que un sector de la comunidad mapuche clama por resarcimientos varios ante lo que presupone es un daño ambiental que podría probar; la empresa negocia sobre la base de que tal contaminación no existe; y el Estado intenta acomodar la situación entrando en el asunto con pies de plomo, tal vez recordando lo que fuera aquel conflicto inicial en Loma de la Lata entre la agrupación Paynemil y la entonces Repsol-YPF.

También hay un ingrediente adicional en este caso, que es la interna mapuche, que enfrenta a quien este martes participó de la reunión con el gobierno, Martín Velázquez Maliqueo, con la lonko Silvia Claleo, quien antes de venir a Neuquén presentó en la fiscalía de Zapala una denuncia por usurpación de nombre contra el grupo de Velázquez Maliqueo.

Esa interna se evidenció ante el propio emisario de la ONU, Anaya, en un encuentro que se hizo en la Universidad Nacional del Comahue. El funcionario internacional sólo atinó a pedir tiempo para analizar la situación, pero dejó en claro que los asuntos internos de las comunidades deben ser resueltos por sus propios integrantes.

Lo concreto fue que por la tarde el gobierno, representado por el fiscal de Estado, Raúl Gaitán, el subsecretario de Gobierno Gabriel Gastaminza, y el flamante asesor (ex ministro del gobierno de Jorge Sobisch) Jorge Lara, recibió por separado a los representantes de la comunidad Gelay Ko, encabezados por Maliqueo, y a los directivos de Apache.

Ninguna de las partes hizo declaraciones sobre lo ocurrido en esas reuniones. Pero se supo que se había acordado pasar a un cuarto intermedio hasta el jueves, después de varias rondas del descolorido café gubernamental.

El principal argumento mapuche es el supuesto daño ambiental por contaminación del agua. De hecho, trajeron dos muestras de agua, que –al menos por este martes- sirvieron para mostrar en las fotos.

El gobierno de Jorge Sapag, antes de que todo esto ocurriera, había recibido, con Zulma Reina como anfitriona, a James Anaya, relator especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Indígenas.

De ese encuentro, participaron Leandro Alvarado, asesor legal del relator del organismo; Maia Cambells, en representación de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos; y Martín Andrade, miembro del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).