El denunciante menciona un sistema de corrupción interna, consistente en aceptar “recepciones virtuales” de mercadería que no ingresaba efectivamente a la institución, pero que igual era facturada y cobrada por distintas empresas proveedoras.

El extraño robo de dinero que estaba guardado en el interior de una caja fuerte, en dependencias de la Base Naval Ushuaia, se combinó en las últimas horas con denuncias anteriores sobre presuntos hechos de corrupción que involucran a militares de alto rango de la Armada Argentina, destinados en la capital de la provincia.

El robo ocurrió el último fin de semana y fue denunciado ante la Policía Federal por el subjefe de la Base Naval, Capitán de Navío Luis Martín Osinalde.

Según pudo averiguar este medio, el hecho ocurrió en el interior de las oficinas de Tesorería de la dependencia militar, y fue descubierto el último domingo.

Las autoridades de la Base hallaron una puerta interna violentada y dinero faltante del interior de la caja fuerte, que había sido abierta con su correspondiente llave.

Sobre el monto sustraído, se informó que ni los propios funcionarios militares habían podido precisarlo a la Policía. Aunque algunos arriesgan una cifra casi millonaria, los más conservadores dicen que en la caja “no había más de quince mil pesos”.

Sin embargo, más allá del importe, en la institución dependiente de la Armada no pasó desapercibido el “modus operandi” de los ladrones. Quien haya sido no solo conocía el lugar a la perfección sino que también tuvo que sortear todos los controles perimetrales e internos de la Base, con un agravante: al parecer existían solo dos copias de la llave, por lo que las personas responsables de su cuidado están perfectamente identificadas.

El episodio dará origen a una penal que será investigada en ámbito del Juzgado Federal de Ushuaia, a cargo del juez Federico Calvete.

Doble ración

Las características del robo hicieron relacionar lo ocurrido con otros hechos que se vienen sucediendo dentro del ámbito de administración de la Base Naval en los últimos tiempos, muchos de los cuales también derivaron en investigaciones penales, hasta ahora sin resultados concretos.

Algunos de esos casos revestían individualmente la categoría de “menores”, como el faltante de algunos víveres adquiridos por la institución para las raciones de comida del personal militar. Pero una denuncia presentada en 2011 englobó a las demás y puso la lupa sobre supuestos episodios de corrupción de mayor calibre.

La presentación fue realizada (y luego ratificada ante la Justicia) por un Capitán de Fragata con el título de Contador, Alejandro Araujo, que se desempeñó en la intendencia de la Base a partir del 15 de febrero de 2010.

Araujo relató la existencia de un sistema de corrupción interna, consistente en aceptar “recepciones virtuales” de mercadería que no ingresaba efectivamente al edificio pero que igual era facturada y cobrada por distintas empresas proveedoras.

Parte del dinero volvía en forma de retorno y debía distribuirse a oficiales superiores como una cuota mensual, según se consignó en la denuncia judicial.

Araujo involucró con nombre, apellido y rango a diez militares: un Capitán de Navío, cuatro Capitanes de Fragata, un Capitán de Corbeta, dos Tenientes de Navío y dos Suboficiales, además de los representantes de dos conocidos comercios de la ciudad.

El denunciante aseveró que a poco de jurar en el cargo, un superior le hizo saber que debía adecuarse al “procedimiento de trabajo” en la administración de la Base. Y que cuando preguntó a otras personas del área a qué se referían, le terminaron diciendo que debía realizar una “contribución mensual”.

La “mensualidad”, no era el único requisito. El militar reveló que también le pidieron que diera por recibida mercadería de distintas órdenes de compra aunque no ingresaran a la institución, y que para ello se contaba con la complicidad de los responsables de distintas áreas de la Base.

Al parecer el mecanismo consistía en que los responsables solicitaban una cantidad de productos (o raciones de comida) superior a las necesarias. El proveedor facturaba y cobraba el total pero entregaba una cantidad menor, para después dejar un retorno a los facilitadores de la maniobra.

Según Araujo, él llegó a entregar “contribuciones” durante varios meses, antes de decidirse a radicar la denuncia penal.

Sobre el estado de la causa judicial la información es escasa. El Juzgado Federal investiga bajo estricto secreto y sólo se sabe que el juez Calvete habría solicitado a la Armada copia del sumario administrativo instruido por la propia Fuerza militar, pero hasta el momento no habría dispuesto medidas de prueba como allanamientos o pericias tendientes a demostrar los dichos del denunciante.