La Justicia local, a través de una resolución dictada por el juez de control sustituto Heber Pregno, extendió ayer por la mañana una medida de “prisión preventiva, hasta la finalización del proceso” que pesa sobre un joven identificado como Rubén Reynoso.
Fuentes tribunalicias informaron que la extensión de la prisión preventiva se dio en el marco de una audiencia de reexamen de la que participaron el juez Pregno, el fiscal del caso Héctor Aberásturi y la defensora particular del imputado, Emilce Montenegro de Ozzán.
Reynoso se encuentra imputado por un robo que afectó a una familia de apellido Mana, a la que le sustrajeron distintos elementos del interior del domicilio y por hallar en su vivienda particular ‘bombas molotov’ supuestamente utilizadas en el ataque producido a la Comisaría Cuarta en los primeros días de noviembre, a raíz de una serie de violentas manifestaciones que siguieron a la aparición de los restos de la menor Sofía Viale en una vivienda del barrio Indios Ranqueles.
El 14 de diciembre 2012 Reynoso enfrentó una audiencia de reexamen, solicitada por Aberásturi, en la cual otro juez de control -Marcelo Pagano- decidió extender la preventiva del joven por un término de 45 días corridos, es decir hasta ayer.
En dicha actividad el fiscal repasó que el 14 de noviembre se dictó una medida de coerción de 30 días corridos, que vencían en dicha fecha, contra Reynoso a raíz de un positivo allanamiento que realizó la Policía en su domicilio del barrio Indios Ranqueles, en búsqueda de material probatorio que tiene que ver con un ataque con bombas molotov y saqueo que sufrió la Comisaría Cuarta la noche del 5 de noviembre.
Aberásturi precisó que en el domicilio de Reynoso se hallaron ‘bombas molotov’, numerosos proyectiles, de distintos calibres, algunos de los cuales se hallaban en cajas con sello de la subcomisario Vanina Fileni, quien se encuentra al frente de la Unidad de Género que funciona en el edificio policial de la Comisaría Cuarta.
En tanto, el representante del Ministerio Público también dijo que por los delitos que se le imputan y por poseer antecedentes, el joven está expuesto a recibir una pena de “prisión efectiva”, que va entre 5 y 15 años de prisión.
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