En 90 días, la Municipalidad de Córdoba junto a otros 18 municipios que entierran sus residuos en el predio de la Ruta 36, contarán con las alternativas propiciadas por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) para la localización definitiva del futuro vertedero de basura.

Así lo acordaron ayer autoridades del municipio capitalino, de la Provincia y de la Casa de Altos Estudios tras la firma de un convenio. La rúbrica tuvo lugar horas después de que el Concejo Deliberante de la ciudad aprobara la expropiación del terreno de “Piedras Blancas” donde actualmente se depositan los residuos.

Los estudios que realizará la Universiadad para evaluar alternativas, estarán en 90 días.

Del convenio para que técnicos de la Universidad realicen los estudios para la selección del sitio apropiado para el tratamiento y disposición final participaron el viceintendente Marcelo Cossar (en representación del Ente Intermunicipal), el ministro de Agua, Ambiente y Energía de la provincia Manuel Calvo y la rectora Carolina Scotto. Así, la UNC se encargará de buscar opciones para la localización del futuro vertedero pero la decisión final correrá por cuenta de los municipios. Luego, el gobierno de Córdoba aportará los fondos necesarios para la compra del terreno mientras que también colaborará con el asesoramiento para la selección de la tecnología que se aplique.

Cabe recordar que la basura que genera la ciudad de Córdoba y los otros municipios constituye el 50 por ciento de lo producido en toda la provincia.

De utilidad pública

El proyecto que ayer se aprobó para declarar de utilidad pública y expropiar el terreno de la ruta 36, fue tratado conjuntamente con dos despachos en minoría, uno del Bloque Eva Duarte y otro del Frente Cívico, y aprobado con los votos de la UCR, de Unión por Córdoba y del bloque unipersonal Peronismo Que Viene.

Al fundamentar la iniciativa, el presidente del bloque radical, Javier Bee Sellares, sostuvo: “La finalidad de la expropiación es la de poder avanzar en un plazo determinado con el cierre, clausura y post clausura del predio de enterramiento sanitario. Asimismo se consigue evitar un juicio millonario hacia el municipio”.

Desde la oposición, la concejal Olga Riutort (Eva Duarte) defendió el despacho de su bloque en minoría y consideró que “la tasación del valor del predio debe estar a cargo del Consejo Provincial de Tasaciones” por lo que cuestionó los 30 mil dólares por hectárea que figuran en el expediente enviado por el radicalismo.