A medidas que avanza la revisión de los casos, en el Gobierno surgen nuevas sospechas por la participación de algunos actores en los juicios de expropiaciones: ahora, le apuntan al juez de cámara Moisés Moya. Le endilgan haber intervenido en causas donde la provincia fue condenada a pagar cifras exageradas, a pesar de tener relación y parentesco con Santiago Graffigna, el abogado que actuó en nombre de los expropiados y que en uno de esos procesos fue parte. Como nunca se inhibió, la Fiscalía de Estado lo recusó. Una de las cosas que llamó la atención es que el profesional le cedió miles de pesos en honorarios de dos expropiaciones a uno de los hijos del magistrado, con quien comparte el mismo domicilio de trabajo.

Moya integra la Sala III de la Cámara Civil junto a dos jueces más y hace poco quedó como blanco del recelo que hay en Casa de Gobierno desde que se detectaron irregularidades en juicios de expropiaciones, que es el procedimiento que se usa para determinar cuánto tiene que pagar el Estado cuando adquiere un inmueble privado para hacer una obra.

La historia se remonta a septiembre. Tras una investigación que duró dos años, la gestión giojista cesanteó al abogado de Fiscalía de Estado, Norberto Baistrocchi, por haber sido negligente en el manejo de los juicios de expropiaciones que tenía asignados.

Pero en el Gobierno creen que hubo más que negligencia. Sospechan que existió connivencia para que el Estado pague millones por terrenos que cuestan mucho menos. Por eso, en octubre, José Luis Gioja ordenó hacer una denuncia penal en la que el fiscal ya pidió que sean indagados Baistrocchi y Graffigna, este último, el abogado que llamativamente es contraparte en la mayoría de los juicios por expropiaciones que hay en trámite.

Moya intervino en, al menos, tres causas. Llegaron a la Sala III porque la Provincia apeló sentencias de primera instancia, al considerar que le imponían el pago de cifras que están lejos de toda razonabilidad.

Según los expedientes, Moya emitió el primer voto -los que lo hacen después, si coinciden, adhieren- y ratificó la sentencia de primera instancia. En uno de los juicios, la provincia lleva pagados 12 millones de pesos por un lote de sólo 3 mil metros cuadrados (Ver aparte).

El recelo oficial se debe a que Moya es pariente de Graffigna. Aunque no trascendió el grado del vínculo, fuentes calificadas aseguran que el juez se debería haber excusado porque el abogado es parte actora en uno de los juicios y representa a los expropiados en los otros dos.

Fiscalía de Estado presentó un escrito advirtiendo la situación de parentesco y recusó al juez, para que se aparte de una causa que sigue en discusión. A pesar de poder resistir, Moya no lo hizo. Y en Casa de Gobierno se preguntan: si aceptó el vínculo con el abogado, ¿por qué no se inhibió antes y por decisión propia?

Otro de los elementos que analizan en Paula y Libertador es la relación entre Graffigna y Pablo Moya, hijo del juez. Además de compartir espacio de trabajo, el primero le cedió al segundo más de 120 mil pesos de honorarios que le regularon en dos juicios de expropiaciones (Ver Facsímil). Y si bien es legal, despierta suspicacias porque se trata del hijo de quien le dio la razón en juicios donde hay en juego montos millonarios.

En el Gobierno no quieren hablar de dolo. No obstante, no descartan incorporar el caso en una ampliación de denuncia que está en estudio por estas horas.

Moya no es el primer juez en la mira oficial. Luego de la cesantía de Baistrocchi, el fiscal de Estado, Mario Díaz, dijo que habría que investigar también a los jueces civiles de primera instancia que intervinieron, por no advertir anomalías que ayudaron a que la provincia sufra sentencias por montos desmedidos. Le apuntó a Rosalba Marún y a Carlos Macchi, en cuyos juzgados se tramitaron gran parte de los juicios sospechados.