La presentación fue realizada por José Manuel Ubeira, en representación de la Administración de Parques Nacionales, en los términos del artículo 230 y cc. del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

En dicha presentación se solicita que por medio de la medida cautelar "se ordene la suspensión de los efectos de la ley N° V-0721-2010 de la Provincia de San Luis, promulgada por decreto del Poder Ejecutivo Provincial N° 1520-MGJyC-2010".

Y reclama "la consecuente abstención de dicha provincia de realizar toda clase de actos que pudieran interferir sobre el uso y pacífica posesión que ésta Administración detenta sobre los inmuebles afectados al funcionamiento del Parque Nacional Sierra de las Quijadas y, en particular, que se abstenga de realizar toda clase de actos que impliquen la puesta en ejecución de la mencionada ley local".

Mediante la presentación ante la Corte se solicita además que "la medida deberá hacerse extensiva a toda otra norma dictada o a dictarse que tenga el mismo objeto total o parcialmente, así como a todo acto administrativo o vías de hecho consecuentes con dicha legislación provincial".

La ley sancionada por el gobierno puntano había declarado "de utilidad pública y sujetos a expropiación los derechos cedidos al Estado Nacional, sobre el Parque Nacional Sierra de las Quijadas".