Los productores mendocinos, en su totalidad, tienen una deuda de 400 millones de pesos con el Departamento de Irrigación. De esa cuantiosa cifra aún no está precisado cuál es el monto de quienes tienen una mora de diez años o más, es decir, aquellos que podrían ser pasibles de que sus tierras sean expropiadas por el Estado. Así lo afirmó ayer a este diario el titular de ese organismo, José Luis Álvarez.

Sin embargo, el detalle de cuántos deben más o menos de diez años poco le importa al Gobierno provincial, ya que considera ese lapso de tiempo una razón suficiente para implementar la quita de tierras antes de seguir acumulando deudas impositivas. No obstante, la medida oficial apuntará a aquellos campos que tienen derecho de riego y que son improductivos.

Según Álvarez, a esto se suma la demanda de muchos mendocinos que hay para producir en otras zonas donde el derecho de riego no está y se debería realizar una obra subterránea, la cual implica inversiones millonarias.

"Podríamos tener la opción de rematar las tierras si caduca el derecho de riego, porque se puede hacer y, en este caso, no valdrían absolutamente nada. Pero, el remate tiene un alto costo social y preferimos declarar las tierras desde la utilidad pública", explicó Álvarez.

Son exactamente 13 mil hectáreas las que hoy tienen derecho de riego, pero que en la actualidad no son productivas y le deben al Estado provincial impuestos por más de diez años.

Así lo especificó el martes el gobernador en su discurso del 1 de Mayo, en el que aprovechó para anunciar una iniciativa que, al menos, suscitó opiniones encontradas. Pérez planteó expropiar todas esas tierras que en la actualidad no son utilizadas y que han quedado en el abandono, y tienen fuertes deudas, y habilitarlas para otros productores que sí las necesitan pero que no tienen habilitación para el riego y, de querer hacerlo, la obra de infraestructura es muy costosa.

Frente a la incertidumbre sobre cómo se instrumentará la iniciativa, el titular del Departamento General de Irrigación defendió la medida con los montos de deuda y el proyecto de ley (declaración de utilidad pública de tierras con derecho de riego y con deudas de más de diez años), que enviará en estos días el Ejecutivo para destrabar algunos puntos sobre propiedad privada. Álvarez argumentó con un dato: sólo 3 por ciento de las tierras de todo el territorio provincial está cultivado. "Muchos invirtieron en un momento en tierras y pensaron en hacerse la América y después quedaron a la deriva aun teniendo canales dispuestos para el riego. El que tiene derecho de agua debe usarlo y pagarlo", se explayó el funcionario, luego de señalar que "la lista de los productores es extensa, sobre todo en el secano mendocino, que nos piden perforaciones para tener agua subterránea".

El funcionario agregó que si se aprueba pronto el proyecto de ley –ya confeccionado y cuyo envío al recinto depende de la decisión política de Pérez– se aplicará la otra etapa, en la cual el Estado dispondrá de las tierras expropiadas y podría entregarlas, aunque sólo bajo ciertas condiciones que garanticen una distribuciónequitativa, según prometen desde el oficialismo. Álvarez señaló que también está planeada la creación de la agencia de atracción de inversores, que dependerá del Ministerio de Agroindustria, donde habrá asesoría en dónde y cómo invertir. El plazo óptimo de Irrigación para implementar la expropiación de tierras sería el 31 de agosto. "Queremos utilizar los bienes productivos al 100% y no queremos perder mucho tiempo", cerró.

BALANCE HÍDRICO, ESA NECESIDAD.

Según la geógrafa María Elina Gudiño, directora de la Maestría de Ordenamiento Territorial y miembro del Consejo Provincial de Ordenamiento, el anuncio oficial de expropiación es "positivo porque disminuye los costos de expansión y aprovechará más el recurso agua". Sin embargo, la especialista advirtió de dos problemas a tener en cuenta. Por un lado, y quizás su preocupación central, está la necesidad de realizar un balance hídrico previo para evitar desfases a la hora de extender el oasis y dejar a algunas zonas peores de lo que ya están en ese aspecto. Por otra parte, están las cuestiones legales a la hora de quitar los terrenos.

"Me pregunto si las tierras con derecho de riego que se pongan en funcionamiento tienen la posibilidad real de recibir un caudal de agua importante. Porque todos tenemos derecho al agua y si hay uso intensivo en 13 mil hectáreas nuevas, no sé si continuará el mismo caudal de agua en otras zonas, donde ya existen graves problemas de escasez", explicó Gudiño, y agregó: "Hasta qué punto se puede dotar con derecho de riego a tanta tierra cuando hoy tenemos problemas en los cauces del río Mendoza y en El Carrizal", advirtió Gudiño, quien prefirió no opinar sobre los problemas legales que podrían implicar la quita de tierras a un particular, aunque se inquietó: "Los que ocupan tierras tienen derechos y, salvo que sea una expropiación lo suficientemente bien justificada, es muy difícil concretarla sin tener dificultad. No será nada sencillo".

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Desde la UCR aseguran que sin un padrón se cometerán errores

"Soy deudor de Irrigación, pero aunque quiero pagar no puedo porque el Estado provincial no me abonó el seguro por Emergencia Agropecuaria que se transfería automáticamente en el pago para Irrigación. El problema no lo tengo yo, sino el Estado, que no pagó sus deudas a Irrigación. Como en mi caso, debe haber cientos de productores en la misma situación", se sinceró ayer el senador provincial por la UCR, Armando Camerucci.

El martes, el legislador dijo que el anuncio del gobernador sobre la expropiación de tierras improductivas fue "lo único novedoso del discurso de Pérez". Ayer, y luego de haber estudiado nuevamente las palabras de Paco y dar un vistazo sobre algunas legislaciones vigentes, el legislador planteó "un par de problemas de base" sobre el anuncio del Ejecutivo. De hecho, expuso la necesidad de realizar una suerte de padrón de las tierras incultas o las que "el Gobierno quisiera expropiar por diferentes razones".

"¿Por qué no rematan las tierras y punto?", cuestionó de entrada el senador. Según el titular de Irrigación, esto implicaría "un alto costo social". Sin embargo, Camerucci, plantea que la expropiación –es decir, una declaración de utilidad pública de un terreno– es igual o más violenta que un remate. "Además, si es inculta la tierra y el Estado la expropia, ¿para qué la quiere, si hay tierras que no valen nada?", cuestionó.

"Hay muchas familias que tuvieron finca y viven allí aunque no las cultiven. ¿Se van a quedar sin casa? Hay que diferenciar entre tierras incultas y tierras abandonadas, porque en Alvear, por ejemplo, hay muchas tierras abandonadas por falta de dinero o porque los hijos emigraron y hay un matrimonio grande o se sufrió una emergencia climática", agregó. El radical, como otros legisladores del bloque, ahora esperan el proyecto de ley para ver su real alcance.