Así, entre 1991 y 2002, el producto bruto interno se expandió a una tasa anual del 2,2 %, mientras que el modelo de crecimiento con inclusión social permitió alcanzar un crecimiento del 7,7% promedio anual en el período 2003-2011 y la reducción de la tasa de desocupación del 24,7% alcanzando en el 2002 hasta un nivel del 6,7% de la actualidad.

A fin de garantizar la continuidad en el largo plazo del acelerado crecimiento económico con perfil industrial, es necesario asegurar la disponibilidad de aquellos recursos que resultan estratégicos como los hidrocarburíferos, en especial el petróleo y el gas para sostener la expansión de la producción.

En el caso de Latinoamérica, la mayoría de sus países adoptan al petróleo como recurso estratégico de desarrollo.

Brasil, a partir de 1999, mediante la Ley 9.847, consideró de utilidad pública el abastecimiento de combustibles, abarcando todas las actividades de la industria del petróleo, como producción, importación, exportación, refinación, transporte, almacenamiento, fraccionamiento, producción, distribución y comercialización.

En México, la industria petrolera es de utilidad pública, y su explotación se establece como preferente sobre cualquier otro aprovechamiento de la superficie.

En 1992, YPF fue convertida en una sociedad anónima, y posteriormente en 1997 en el marco de la profundización del modelo neoliberal en Argentina, se inició su desnacionalización.

En 1999 prácticamente la totalidad del paquete accionario de YPF fue adquirido por la empresa española Repsol, bajo cuya dirección se inició un progresivo proceso de desmantelamiento y vaciamiento de la principal empresa petrolera de nuestro país. El resultado del control ejercido por Repsol sobre YPF fue una creciente necesidad de importaciones de combustibles, teniendo en cuenta el carácter predatorio ejercido por parte de Repsol como controlante de YPF. Vale decir que esta compañía fue responsable del 54% de la caída de la producción de petróleo y del 97% de la caída de la producción de gas.

La política predatoria ejecutada por Repsol-YPF implicó que -durante el año pasado- por primera vez en 17 años la Argentina experimentara un saldo comercial deficitario en materia de combustibles, que alcanzó en 2011 los 3.029 millones de dólares.

Este complejo panorama energético llevó a que con decisión y fortaleza política e institucional, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, anuncie mediante un proyecto de Ley enviado al Congreso de la Nación declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF SA, de los cuales el 51% pertenecerá al Estado Nacional y el 49% será para las provincias integrantes de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos.

Entre los puntos sobresalientes, se declara de “interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos”.

Resulta de una base federalista y amplia la creación del Consejo Federal de Hidrocarburos, integrado por Ministerios Nacionales, Provincias y ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicho organismo deberá garantizar el cumplimiento y elaboración del Plan Nacional Estratégico para la Soberanía Hidrocarburífera.

En el caso de Río Negro, el gobernador Alberto Weretilneck envió a la Legislatura el proyecto de Ley (sancionado el 26 de abril) que sustituye el artículo 17 de la Ley de Coparticipación Municipal 1.946 para poder distribuir mensualmente a los municipios productores los fondos correspondientes a regalías hidrocarburíferas, gasíferas y mineras.

A los municipios

El artículo 17 establece que el 6,5 por ciento del total resultante a favor de la provincia en concepto de estas regalías se debe aplicar a bienes de capital y obras que contribuyan a la mejora de las infraestructuras de desarrollo de los municipios de Catriel, Allen, Contralmirante Cordero, Campo Grande, Cervantes, Cinco Saltos, Cipolletti, Fernández Oro y General Roca.

Dicho acto de gobierno a nivel nacional como provincial, resulta un gran avance de federalismo, resultando evidente que los hidrocarburos son un recurso estratégico y un determinante central para el desarrollo de nuestro país y provincia y por tanto debe ser considerado como una producción de interés público.

(*) Licenciado en Trabajo Social. Coordinador de la Escuela de Dirigentes Comunitarios "Julio Rodolfo Salto”. Presidente del Bloque Frente para la Victoria del Concejo Deliberante de Cipolletti.