El defensor adjunto del Pueblo, Cristian Azcona, se puso en la piel de los vecinos que hace más de una década sufren el atropello de la empresa. Y exigió: “si la ordenanza que le quitó la habilitación municipal está aún vigente, no entiendo por qué el Ejecutivo no la hace cumplir, y, mucho menos, por qué contrata a la firma para hacer determinadas tareas”.
“Pero además de esta situación bastante irregular – destacó – lo más preocupante es que ponía mucho personal y muchas maquinarias en la calle en una zona que no permite este tipo de emprendimientos comerciales”.
Y continuó: “a raíz de los problemas que se fueron suscitando, fundamentalmente en virtud de los ruidos molestos de toda índole a toda hora del día, inclusive durante la madrugada, los vecinos tomaron cartas en el asunto e iniciaron los reclamos”.
En idéntico sentido, Azcona apuntó: “entre 2005 y 2008, mientras se sucedían los pedidos de los habitantes del sector, la firma acumuló 38 actas contravencionales, lo cual, sin lugar a dudas, la coloca al tope de las empresas más infraccionadas de los últimos tiempos”.
“Así y todo, pese a que el expediente pasó por las manos de Rubén Vespa, Beatriz Arza y Mónica Felices, las soluciones no llegaron”, se quejó.
A colación, en tanto, comentó: “recién en agosto de 2011 el concejal Leandro Laserna presentó un proyecto para que se le quitara la habilitación municipal a esta empresa; la iniciativa fue aprobada por el cuerpo y luego promulgada por el Intendente”.
“Lo concreto es que, más allá de que la Defensoría del Pueblo hizo una recomendación para que se verificara el cumplimiento efectivo de esta normativa, la compañía siguió realizando los mismos procedimientos de siempre como si nada hubiera pasado, entorpeciendo la vida de los vecinos y causando daños”, puntualizó Azcona.
Por otra parte, a la luz de los hechos, destacó: “nos llamó poderosamente la atención que Inspección General no estuviera de acuerdo con la resolución del Concejo Deliberante y que, en consecuencia, no actuara como organismo de control”.
“Entonces – añadió Azcona – se pidió un informe a la Procuración municipal, área que confirmó que la empresa no podía trabajar de la forma en que lo estaba haciendo”.
Por último, el defensor adjunto del Pueblo contó: “lamentablemente nos volvimos a sorprender cuando el propio municipio contrató a esta firma para que retirara el mobiliario del Torreón del Monje, y más aún cuando Eduardo Bruzzeta le pide al Poder Legislativo que reconsidere la ordenanza”.
En la relación a este punto, Azcona pronunció: “dudo que un director de área tenga atribuciones para semejante reclamo, menos cuando Marcelo Artime confirmó que la nota no pasó por la Secretaría de Gobierno y cuando, para modificar lo dispuesto por una ordenanza, hay dos caminos: el veto o la sanción de otra ordenanza que la anule”.
Y concluyó: “lo que pretendemos es que se regularice la situación, ya sea otorgando un predio provisorio o buscando otra alternativa; caso contrario, el Ejecutivo deberá intimar y clausurar porque ya no se pueden permitir tantos abusos en nombre de la defensa de las fuentes laborales”.
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