El Superior Tribunal de Justicia difundió ayer el polémico fallo que condenó post mortem al ex senador José Martínez. En cambio los jueces optaron por el silencio ante la catarata de repercusiones que generó la sentencia.
El desgastado criterio de que los jueces se expresan solamente a través de sus sentencias fue aplicado ayer a rajatablas por los integrantes del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, quienes desistieron de hacer manifestaciones públicas acerca del polémico fallo que condenó “post mortem” al ex senador nacional José Martínez, por haber criticado hace diez años al Fiscal de Estado Virgilio Martínez de Sucre.
En cambio, los magistrados publicaron en el sitio web del Poder Judicial el contenido completo de la escueta sentencia, compuesta por solamente nueve hojas de fundamentos.
En rigor, el fallo tiene todavía mucha menos extensión propia, porque en su mayoría está constituido por citas jurisprudenciales o doctrinarias y por alusiones al pronunciamiento anterior dictado por la Sala Civil de la Cámara de Apelaciones.
A grandes rasgos, el juez Gonzalo Sagastume (el único que fundamentó su voto) coincide con los camaristas en que al referirse al pedido de juicio político que presentó el ex senador contra el Fiscal de Estado hace una década, Martínez abusó de su derecho a la libertad de expresión y afectó el honor del funcionario demandante.
“Resultaba suficiente la sola presentación del pertinente juicio político y, en todo caso, la mención de los motivos y críticas coadyudantes a tal presentación, sin incurrir en innecesarios juicio morales y éticos sobre la persona del funcionario”, afirma Sagastume sobre los dichos del legislador nacional fallecido.
El juez recuerda que un funcionario público “es ante todo una persona, que como tal dispone de un ámbito personal íntimamente enraizado en su condición moral e imagen ante la sociedad y los seres cercanos”, y sostiene que si se utilizan “expresiones menoscabantes respecto a condiciones morales, surge patente la afectación del esencial marco tuitivo inherente a la órbita personalísima del afectado”.
Sin embargo, la sentencia no determina ni mucho menos demuestra qué tipo de daño pueden haber causado las declaraciones de Martínez, cuando se refirió a un “pacto de impunidad” y opinó que Martínez de Sucre fue “cómplice de los grandes intereses corporativos, políticos y económicos” que operaron en la provincia.
El pronunciamiento se limita a señalar que el ex senador usó “expresiones innecesarias y ofensivas”, que “resultan ajenas a la órbita de la libertad de expresión y desnaturalizan su esencia, pues no se dirigieron al desempeño del funcionario, sino que excedieron tal límite con afectación de la órbita personalísima”.
Según el fallo, el caso no es atribuible a otros donde está en juego la libertad de prensa, porque “no se demandó a ningún medio”, y por lo tanto no es aplicable la llamada doctrina de la real malicia que exige demostrar la intención declarada de producir un daño.
Nuevo techo para la libertad
El jefe de fiscales de la Provincia, Oscar Fappiano, fue contundente ayer al declarar que la sentencia de la Corte fija un nuevo techo para la libertad de expresión en la provincia.
Aunque sin ser lo tajante que resultó su dictamen en el caso, Fappiano observó que con este pronunciamiento el STJ “sentó doctrina” y “marca que si se hace una crítica hay alguna responsabilidad” de quien la hace. El fiscal evitó confrontar con los jueces firmantes de la sentencia, y apenas señaló que “el Tribunal tiene su criterio como yo el mío”.
En diálogo con el FM del Sur, Fappiano, consideró que “cualquier hombre público está más expuesto a la crítica, tanto político, como un director técnico de un equipo de fútbol, un artista, o todas las personas que están sometidas al escrutinio del público”.
Masiva repercusión
Las repercusiones por el fallo de la Corte provinieron de casi todos los ámbitos.
La sentencia fue catalogada como un “severo ataque a la libertad de expresión en el país”, tanto por la Organización No Gubernamental Participación Ciudadana, como por el Sindicato de Prensa de Ushuaia y otros gremios locales, además de haber ocasionado un masivo repudio de ciudadanos de la provincia a través de las redes sociales.
El dirigente social Guillermo Worman, opinó que “nunca la libertad de expresión en la provincia estuvo tan en riesgo como con este fallo del Superior Tribunal”, porque “se acotan los márgenes democráticos y la capacidad de criticar”.
Por su parte el abogado Manuel Raimbault, ex legislador provincial y compañero de militancia de Martínez, calificó la sentencia como “una degradante mordaza a la sociedad” y lamentó que “mientras un funcionario criticado se va a quedar con dinero de la familia del que lo criticó, toda la población se va a quedar con menos libertad que antes para poder expresarse”.
En tanto, la actual senadora nacional María Rosa Diaz, ex compañera de bancada de Martínez, afirmó que se trata de “un retroceso grave que conlleva un único mensaje: cállate porque si no te puede ir mal”. En términos similares se pronunció otro senador: Osvaldo López, reemplazante de Martínez en la Cámara Alta del Congreso.
A su vez el Sindicato de Prensa de Ushuaia (SPU) emitió un comunicado donde se refiere al pronunciamiento judicial como “un retroceso en la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos en democracia”, criterio que fue compartido por otras entidades gremiales como la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
Desde el gobierno de Fabiana Ríos, el jefe de gabinete, Guillermo Aramburu, dijo estar “indignado” por la “condena post mortem contra Martínez” y coincidió en que se “coarta la libertad de expresión”. También habló sobre el tema el secretario de gabinete, Daniel Ravaglia.
El abogado Federico Rauch dijo “lamentar mucho” el fallo post mortem contra el ex senador José Martínez y evaluó que dificilmente el caso se pueda sostener en la corte federal.
“El ejercicio regular de un derecho, como es el de peticionar, unido o otro como es el de la libertad de expresión, no puede implicar una sanción posterior en la medida que la denuncia no haya sido maliciosa o falsa”, indicó el letrado, y agregó que “cuando el poder se enoja y no acepta la crítica, ya no estamos en democracia, sino en una dictadura”.
Por su parte el ex diputado Leonardo Gorbacz consideró que el fallo convalida la existencia de “personas intocables, y no me parece casual que se trate de funcionarios que ni siquiera tienen que responder a un mecanismo democrático de elección para ocupar los cargos que ocupan”, aseveró.
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