Los debates en torno a la inseguridad tienden a tambalear de un extremo a otro. Se pasa de la resignación al paredón; del comentario escueto de verdulería al sólido pedido de recrudecimiento de penas. Se analiza lo pasado y lo presente: el hecho y la condena, mientras se libra el análisis de lo futuro al azar. Se evita pensar en la resociabilización de esas personas que hoy están privadas de su libertad por la comisión de un delito, por la concreción de un daño social. Así que se omita la incorporación de una discusión más que necesaria: la de la reinserción a la vida pública de estos internos.

Necesaria porque no hay pena en nuestro país que contemple una vida completa dentro de una celda. Ni la prisión perpetua lo garantiza. Todas las personas condenadas regresarán, años más, años menos, a la vía pública, a la sociedad, a esta realidad. Sin embargo, sobre ello no se debate. Pareciera mejor ni recordarlo.

El artículo 18 de la Constitución Nacional establece que las cárceles del país deberán configurarse para la seguridad y resociabilización de los internos. Aclara que no podrán concebirse como espacios de mero castigo. Sin embargo, lo prohibido en este articulado se convierte en regla en gran parte de las penitenciarias del país.

En contraposición a esta engorrosa interpretación de la norma, en la Unidad Penal Nº 15 de Batán, en el marco de la Subjefatura de Tratamiento, funciona un aula universitaria. Claramente, un aula para la reinserción. En ella, cursan sus estudios de Abogacía una quincena de presos, que desde este año, cuentan con el apoyo académico de una tutoría que llevan adelante alumnos de la Facultad de Derecho, de manera voluntaria y militante.

En el pizarrón de un cuarto plagado de libros y enciclopedias especializadas, se diferencia al dolo de la culpa, como así también a la acción de la omisión. Se habla de ininputabilidad, de condenas, de legislaciones, de materias aprobadas y de las que se esperan aprobar. En fin, dentro de esa aula se habla de Derecho; hablan de derecho los que están dentro y los que están afuera del penal.

El Atlántico participó de uno de estos encuentros. Dialogó con los estudiantes que llevan a cabo este proyecto de extensión universitaria y también charló con los alumnos en situación de encierro. Todos coincidieron en que el estudio les da libertad, que es la manera de invertir tiempo y de proyectar una salida con herramientas a la sociedad, para no volver a caer en la exclusión y, menos aún, en el delito.

LA TUTORÍA

Lucía Ivorra es estudiante y forma parte del Movimiento Sur. Ella junto a otros alumnos universitarios y docentes de la Facultad impulsaron este proyecto entendiéndolo como una experiencia necesaria, como una salida de la Universidad a la calle. Empezaron a mediados de marzo y desde entonces todos los viernes por la tarde brindan una ayudantía en la Unidad 15. Responden consultas, comparten sus apuntes, inscriben en las mesas de finales a sus pares de la cárcel y rellenan una ya tupida biblioteca de libros de Derecho.

“Esto se inicia porque concebimos a la Universidad, además de como un lugar de formación y de intelectualidad, como un ámbito ligado a la función social. Por eso es que creemos importante trasladarla hasta quienes no pueden ingresar a ella. Por eso que el ámbito en el que teníamos que estar era la cárcel. Hacer un espacio de libertad en un lugar de encierro”, explicó Lucía, mientras tomaba un mate que le cebó Víctor, un interno que lleva ocho años encerrado y que ya tiene “metida”, como se dice en la jerga universitaria, más de la mitad de la carrera.

La estudiante comentó que como el proyecto aún no fue aprobado por las autoridades de la casa de altos estudios, el grupo de tutoría decidió iniciarlo “a pulmón”. La convocatoria para la formación del equipo de trabajo, que hoy suma a quince estudiantes y que se basa en metodologías de educación popular, se hizo mediante afiches y volantes.

Germán Lígori, integrante de la agrupación Avanzada y miembro de este grupo, reforzó las palabras de Lucía. Aseguró que la iniciativa “rompe la burbuja que hay dentro de la Facultad y amplía el rol asignado al abogado”. “Rompemos con la dinámica de los que saben y de los que no. Venimos a compartir saberes y en eso se basa esta construcción que imprime otra concepción del estudio. Así como los que están dentro del penal cargan con la etiqueta del delincuente e intentan correrse de ese rol mediante el estudio, nosotros, como futuros abogados, también lo intentamos”, expresó el estudiante.

EDUCACIÓN PARA LA REINSERCIÓN

A las dos y media en punto, todos estaban en el aula. Algunos con carpetas o cuadernos; otros con esas dudas que ya ni necesitan de ayudas memoria. Víctor, Raúl, Leonardo, Emi, Damián, Hugo y Sebastián (porque el resto de los estudiantes estaban trabajando en los productivos que funcionan dentro del penal), contaron a El Atlántico lo que significa estudiar desde una celda.

Leonardo lleva más de once años privado de su libertad y fue en el penal que cursó y terminó la secundaria y empezó a estudiar abogacía. “Me di cuenta que la cabeza me funcionaba y que no tenía que ocupar el lugar del delincuente y del pabellón tumbero. A medida de que iban pasando los años, supe que el estudio te da otro lugar y que te permite romper con esa idea de que me iba a morir acá adentro y que no tenía futuro”, introdujo.

“El estudio me enseña que tengo derechos y que tengo cosas que me pertenecen. Una frase que me dijo un juez de Ejecución Penal me abrió la cabeza: el interno pierde el derecho a la libertad, pero no sus derechos sensibles”, parafraseó Leonardo.

Las primeras seis materias de la carrera las rinden a través del Creap, un programa de estudios a distancia. Luego es que comienzan a rendirlas en la Facultad de Derecho. Salen del penal y se enfrentan a la realidad académica. Damián tuvo esta primera experiencia en mayo. Aprobó Teoría Constitucional con siete, pese a los nervios que dijo haber tenido. Ahora se prepara para salir en agosto a rendir Derechos Humanos.

Al igual que Emi y Víctor, celebró la tutoría en Derecho. “Nos sirve muchísimo el apoyo de los chicos. Nos suben el autoestima para que sigamos adelante. Nos despejan dudas y nos acompañan en todo lo que necesitamos”, expresó, y le pasó la palabra a Hugo, que se refirió a los conocimientos que adoptan a través de la carrera y que luego comparten con sus compañeros de pabellón.

“Saber derecho te ayuda a saber cómo defenderte y conocer tus derechos y por eso que las consultas son permanentes y claro que intentamos saldarlas. Hacer un escrito y que ese escrito le otorgue la libertad a un compañero es un placer. Es una cosa que no tiene nombre”, sostuvo.

Ciento de cosas se contaron y dijeron, pero vale cerrar con una frase de Emiliano: “Esto da muestra de que hay personas que quieren intentar, al menos, una vida nueva”.

“LA TUTORÍA ES FUNDAMENTAL”

Pablo Giles, el subdirector de la Unidad Penitenciaria Nº 15 de Batán, destacó la implementación de esta tutoría en Derecho. Sostuvo que desde que “los chicos están yendo a la cárcel se incrementó considerablemente el número de internos estudiando y sosteniendo sus cursadas”. “Es muy importante el aporte de los docentes y estudiantes de la Facultad. Vino bárbara la tutoría porque es un empuje constante para los alumnos privados de su libertad”, analizó la autoridad penitenciaria.

Giles defendió la idea de que el estudio es la principal herramienta de resociabilización. “Es una manera de que avancen en lo personal y puedan reinsertarse con habilidades en la sociedad”, argumentó.