Ceballos y Vaca Narvaja consideran que la causa UP1 será fundamental para revelar las complicidades durante la dictadura.
En ese sentido, es que Miguel Ceballos señala la actuación de la Justicia de Córdoba, recordando que el Consejo de la Magistratura cuestionó el accionar del ex juez federal cordobés Carlos Otero Álvarez, quién durante la dictadura se desempeñó como secretario penal del difunto juez Adolfo Zamboni Ledesma, también objetado por los querellantes.
En esta causa también participará, en calidad de testigo, la ex jueza federal Cristina Garzón de Lazcano, actualmente jubilada, quien por entonces fue secretaria civil del mismo magistrado, participación que fue calificada por ambos abogados como "importantísima" para el desarrollo del proceso judicial.
Ceballos recordó una audiencia en el marco de los Juicios por la Verdad Histórica, en la que se tomó testimonio al juez Miguel Ángel Puga, quien asumió el 5 de octubre 1976, seis días antes de la muerte de su padre. Puga -durante la audiencia- aseguró no recordar el hecho.
"Nosotros decimos que eran hombres de la dictadura, porque los asignaron en plena dictadura, asumieron como jueces en plena dictadura, eran jueces de la dictadura porque juraron no por la Constitución, como juran los jueces, como juran los funcionarios sino por los estatutos del Proceso de Reorganización Nacional", denunció Ceballos.
Actualmente, hay una causa paralela, que investiga el comportamiento de los magistrados de esa época, que quedó a cargo de un juez de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena.
En este sentido, los querellantes agregaron que durante el juicio trabajarán "denodadamente" para "demostrar la complicidad de los otros sectores" señalando a políticos y a la Iglesia. "Ninguna dictadura en el mundo se ha sostenido por la voluntad de los militares, sino que ha habido acompañamiento y complicidad de distintos sectores", dijo Ceballos.

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