En sus articulados se indica que podrán acogerse al régimen de la presente ley quienes realicen nuevas instalaciones para la prestación de servicios de salud. Los beneficios que recibirán éstas empresa privadas del área de salud, comprenden exención de los impuestos provinciales; locación a precio de fomento, o cesión en comodato de bienes del Estado Provincial, apoyo a las gestiones tendientes a la obtención de créditos.

Se agrega que las empresas se harán acreedoras de créditos fiscales que serán entregados por un monto que no podrán superar el 75% de las inversiones efectivamente realizadas. En todos los casos los certificados de crédito fiscal podrán ser utilizados por el titular o cedidos a terceros. El procedimiento de devolución del monto otorgado mediante certificados de crédito fiscal, será reglamentado por el Poder Ejecutivo.