Esta comisión deberá sugerir, en un plazo máximo de 90 días, cual es la opción más directa para modificar la ley 7.070 y reglamentar la exigencia del informe ambiental.

"No creo que sea necesario presentar un proyecto en la Legislatura para modificar la ley 7.070, porque existen otras variantes como una resolución del Ministerio, que se aplica más rápido y en forma directa, pero eso nos lo dirá el grupo que conformamos para tal fin", manifestó el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Francisco López Sastre.

Además, este informe ambiental deberá ser solicitado por los municipios en donde se instalen las antenas, algo inédito a nivel nacional gracias a la ley 7.070, porque en el resto del país esa potestad la tienen los gobiernos provinciales.

"Con esta medida buscamos trabajar con un principio de prevención, o sea anticiparnos a los posibles efectos negativos que puedan llegar a tener las antenas en la población que vive cerca de donde están. Hasta ahora las empresas presentan una declaración jurada ambiental, que no tienen datos técnicos fehacientemente firmados por profesionales", explicó el ministro.

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A otra conclusión que se llegó tras el encuentro, fue la necesidad de que la comunidad tenga acceso a la información que se obtenga tras los informes del impacto ambiental.

Por eso desde el Ministerio de Ambiente se planteó la necesidad organizar jornadas de capacitación abiertas para todos los vecinos y convocar a especialistas para brindar conferencias sobre el tema.

"Es importante informar a la gente sobre los eventuales riesgos o las certezas que tengamos de las antenas, sobre todo para que no se genere una paranoia con respecto al tema" destacó López Sastre.

Además del asunto de las antenas también se trató el informe de la comisión de los seguros ambientales, que se pretenden instrumentar en la provincia.