DOCUMENTO. Colegios profesionales y entidades empresariales presentaron un memorial crítico al modelo tributario.

Mediante un crítico documento, que ayer fue presentado por mesa de entradas en la Casa de Gobierno y en la Legislatura, colegios profesionales y entidades empresariales exigieron que se dejen sin efecto los cambios introducidos al Código Tributario Provincial.

El informe advierte sobre las consecuencias negativas que podrían ocasionar los "superpoderes" que esa norma otorga a la Dirección General de Rentas (DGR) entre otras medidas impositivas que, según consideró oportunamente el Colegio de Graduados de Ciencias Económicas de Tucumán (CGCET), implican la instauración de una "dictadura fiscal" en la provincia.

Como era de esperarse, los representantes de las entidades que cuestionan las nuevas reglas de juego tributarias que aprobó la Cámara, con el voto alperovista, un día antes de la última Navidad, no fueron recibidos por ninguna autoridad al momento de realizar la presentación.

En concreto, los profesionales y empresarios exigieron que "en forma inmediata se suspenda la vigencia de la ley 8.468, que introdujo importantes modificaciones al Código Tributario Provincial".

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Entre otros aspectos, el memorial que dejaron en el despacho del gobernador José Alperovich (quien aún no volvió de sus vacaciones en el exterior), cuestiona "la ampliación de los límites de la responsabilidad solidaria, la posibilidad de que la DGR fije límites para otorgar exenciones y la reglamentación de la reducción de sanciones, como un verdadero acto de coacción a los contribuyentes".

El documento, que fue redactado tras varias jornadas de discusión y análisis por parte de las entidades firmantes, sugiere al Poder Ejecutivo la conformación de "una mesa de trabajo, con participación de representantes de la sociedad civil, para el debate y la discusión del nuevo ordenamiento tributario".

El memorial elevado ayer a las autoridades también afirma que la norma provincial "no guarda relación con la Ley Nacional de Procedimiento Tributario" (contra lo que afirmara oportunamente el ministro de Economía, Jorge Jiménez) "ya que hay notables desvíos - dice la nota- con el resultado de haberse afectado de modo directo e inmediato garantías de rango constitucional". En este sentido, en el documento se puntualiza que, "en el caso de los embargos preventivos, el juez tiene vedado evaluar si concurren o no los requisitos propios de toda medida cautelar".

La delegación que concurrió a la Casa de Gobierno estuvo integrada por los titulares de la Unión Industrial (UIT), Felipe Salas y de la Sociedad Rural de Tucumán (SRT), José Manuel Avellaneda, y los directivos del CGCET Patricia Manso (presidente) y Miguel Carletti (secretario), quienes también hicieron llegar el documento a las autoridades de la Legislatura provincial.

El memorial lleva también las firmas del Centro Azucarero Regional Tucumán (CART), el Centro de Empresarios de Famaillá, el Centro de Comercio de Aguilares y las entidades que agrupan a los productores de seguros y los corredores inmobiliarios, entre otras organizaciones profesionales y empresariales.

La FET, por separado

Si bien en un principio participó de las reuniones y coincidió en las posturas críticas a la reforma tributaria, la Federación Económica de Tucumán no acompañó con su firma el documento. Es más, sus integrantes, con su titular Raúl Robín a la cabeza, 48 horas antes de la presentación del escrito participaron de dos reuniones con el gobernador interino, Regino Amado, y el ministro Jiménez; al tiempo que acordaron un nuevo encuentro para la semana próxima, a fin de dar respuesta a las inquietudes que, en otro documento por separado, dejaron planteadas las autoridades de la FET.

Aunque hay coincidencias en varios aspectos, como por ejemplo el hecho de que la FET también cuestionó la vulneración del secreto fiscal y las mayores atribuciones a Rentas a la hora de determinar embargos (se le asignan virtualmente facultades que son propias de un magistrado judicial), esta entidad opto por hacer sus gestiones fuera del bloque interinstitucional, para no enfrentarse con el Gobierno.