En medio de rencillas políticas dentro del oficialismo y la mora en dictar un nuevo orden normativo, se cumplieron dos años desde que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la Ley de Contravenciones Policiales.

Por tal motivo, desde los Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) "seguimos exigiendo la inmediata derogación de la actual Ley y la creación de un Código acorde a estándares de derechos humanos", se indicó en un comunicado emitido por la institución.

Según lo señalado por Josefina Doz Costa, titular el organismo, "esta ley fue creada durante la última dictadura militar y representa el modelo reaccionario y arbitrario que caracterizó esa dolorosa etapa de nuestra historia. Hoy permanece intacta y aplicable".

En igual sentido se manifestó Matías Lorenzo Pisarello, responsable del área de Seguridad de ANDHES, al sostener que "esta ley es utilizada en la actualidad por la policía tucumana como una herramienta de control social y cultural violando principios constitucionales y de derechos humanos que sientan las bases de nuestro ordenamiento jurídico".

A su vez, objetó aquellas posiciones que relacionan a la norma con la necesidad de hacer frente a la delincuencia. "No debemos permitir confundir a la opinión pública con discursos tendientes a equiparar a la ley de contravenciones con una herramienta para combatir la inseguridad. Este mito, transmitido desde ciertos sectores del Estado provincial, es usado para asegurar que las fuerzas policiales actúen sin respetar derechos y garantías ciudadanas, arbitrariamente, y sin ningún tipo de contralor de sus acciones", explicó.

Al mismo tiempo, agregó que "bajo ningún punto de vista esta normativa funciona, ni podría funcionar, como una política de prevención de delitos. Al contrario, alienta un accionar ilegal y delictual de las propias fuerzas de seguridad y en nada ayuda a resolver situaciones delictuales, pues su objeto y fin es otro", concluyó.

Justamente, esta temática desató los quiebres, hoy profundizados, en la bancada del PJ, debido a la disputa entre los legisladores Gerónimo Vargas Aignasse y Marcelo Caponio, a los que se sumaron otros integrantes del oficialismo.

Vargas Aignasse impulsó la necesidad de avanzar en la modificación de esta ley, por lo que inició una serie de consultas con especialistas para la elaboración de un proyecto al respecto.

Sin embargo, Caponio sorprendió al presentar una iniciativa que contaba con el apoyo de los principales referentes del justicialismo en la Cámara, incluido el jefe del bloque Tucumán Crece, Roque Tobías Álvarez.

Tal situación desató los pases de facturas entre los parlamentarios, incluso se vertieron comentarios en la prensa que rozaron los agravios puesto el alto contenido de tensión que llevaban consigo.

Puede decirse que este fue el punto central que provocó el inicio del aislamiento político de Vargas Aignasse quien, al parecer, habría perdido la confianza de sus otros compañeros partidarios.