El Tribunal de Cuentas resolvió rechazar la solicitud formulada por el Ministerio de Educación de dictar una nueva resolución para la auditoría de obras en Allen y consideró que el pedido formulado por el ministro César Barbeito es “manifiestamente improcedente” y al mismo tiempo, el organismo de control dio un plazo de 48 horas para que se pongan a su disposición los cinco expedientes, caso contrario solicitará “el auxilio de la fuerza pública”.

El lunes, el ministerio no permitió el retiro de los cinco expedientes que el Tribunal de Cuentas intenta auditar.

Ahora, el Tribunal respondió al ministerio y aclaró que “al momento de hacerse presente las funcionarias del Tribunal de Cuentas, Ana María Ciancio -directora general de Auditorias- y Milene Sarricouet en el ámbito del Ministerio de Educación a efectos de retirar los expedientes oportunamente requeridos, el director general de Asuntos Jurídicos de ese ministerio Jorge Palma expresó que los mismos no se encuentran a disposición de la mentada comisión por lo que se vieron impedidas para iniciar con las tareas de auditoria”.

Señalaron además que “si bien el ministro reconoce expresamente la competencia constitucional, prevista en el art. 163° de la Carta Magna provincial, reglamentada por la Ley K 2.747, invoca apreciaciones subjetivas y circunstancias impertinentes que en la práctica, obstan el cumplimiento de la auditoria ordenada. Lo que se vio corroborado por la actuación del director de Asuntos Jurídicos al expresar que los expedientes en cuestión no se hallaban a disposición de la comisión auditora”.

Recordaron que “la Ley K 2.747, ante supuestos como el de autos, previó expresamente el camino a seguir. Así, textualmente establece que “a los fines del cumplimiento de sus funciones, el Tribunal tiene las facultades de constituirse en los organismos del Estado, cualquiera sea su naturaleza jurídica, para efectuar inspecciones, auditorias, comprobaciones y verificaciones. Los responsables de los lugares que sean objeto de inspección, tendrán obligación de entregar la documentación requerida y dar las explicaciones que se les soliciten en forma inmediata. En caso de negativa, previa formal intimación podrá requerirse el auxilio de la fuerza pública para obtener lo solicitado”.

El constructor dice que no cobró nada

t El empresario de la construcción Juan Domingo Franco aseguró que fue el ministro de Educación, César Barbeito, quien le ordenó hacer las obras Allen, a la vez que admitió que está procesado y que aparece “como un delincuente cuando es un perejil y que aún no ha cobrado ninguno de los trabajos que ha realizado”.

Franco dijo que salió a hablar por consejo de su hija que entendió que debía romper los códigos porque los habían roto con él y que debía explicar la situación “caiga quien caiga”.

El empresario confirmó que las cinco obras que están siendo auditadas por el Tribunal de Cuentas fueron realizadas por su empresa y admitió que cometió un error al creer que en el monto que correspondía a cada obra estaba habilitado para hacer en forma directa. Opinó que “la información se tergiversa hábilmente y aparezco como el perejil que hizo todas estas obras y que no cobró ninguna y que de ahí comienza mi debacle económica”.