Este diario había sostenido erróneamente que Thomas contaba con el apoyo del CELS en su iniciativa para pedirle a la Corte que realizara una audiencia pública para debatir sobre la ley.

Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS afirmó que el organismo tuvo intervención en esta causa, pero desde la vereda opuesta. Lo que hizo, aseguró, fue "impulsar acciones judiciales destinadas a garantizar la implementación de la ley 26.522". El objetivo, dijo Chillier, fue "asegurar a todos los ciudadanos el ejercicio efectivo del derecho a la libertad de expresión".

La semana pasada, el CELS presentó un escrito en la Corte en calidad de amicus curiae (?amigo del tribunal´) junto a más de veinte instituciones, universidades nacionales, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil. Dicho escrito, relató Chillier, "confronta los argumentos que dieron origen a la causa y sostiene la necesidad de respetar el resultado del debate democrático que permitió la sanción de la ley de servicios de comunicación audiovisual (26.522)". El escrito demanda que se restablezca la plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

En su nota, el centro de estudios negó estar actuando "alentado" por el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Gabriel Mariotto, "ni por ningún otro funcionario oficial". La causa que tiene en estudio la Corte fue promovida por el diputado Thomas, que cuestionó violaciones al reglamento de la Cámara por parte de diputados kirchneristas durante la sanción de la ley.