Los legisladores provinciales del radicalismo se involucraron también en la polémica desatada luego de que el ex gobernador Celso Jaque, antes de irse, le cediera al club Sportivo Independiente Rivadavia, cuyo presidente es el empresario Daniel Vila.

Según el proyecto de resolución, cuya autora es la diputado María Rosa Lemos, pero que cuenta con la firma de varios legisladores más del radicalismo, se le solicita al gobernador Francisco Pérez que derogue el decreto 3119, por el cual se ratifica el convenio en comodato de una superficie perteneciente al Parque General San Martín entre el club leproso y el gobierno provincia.

Para realizar el pedido, los legisladores radicales sostienen que la cesión va en contra de la legislación provincial.

En ese sentido, Lemos en su proyecto asegura que la Ley 6394, declara al Parque General San Martín como un área ambiental protegida "dirigida a ser preservada por su calificada representatividad como patrimonio natural, cultural, actual y futuro, destinada a su desarrollo integral, a través de la conservación, educación, recreación, producción e investigación, con finalidades múltipla de carácter ecológico, social y económico", lo que significa que es propiedad de todos los mendocinos y por ese se le debe dar protección.

Jaque firmó el decreto y lo promulgó unos días antes de dejar su gestión, el 24 de noviembre, lo que provocó que el actual gobernador Francisco Pérez, anunciara que revisará cada uno de los decretos firmados por Jaque en sus últimos días de gestión, algo que el radicalismo ha aprovechado para pedir que derogue el decreto debido a la incompatibilidad "entre el decreto por el cual se ratifica dicho contrato y la legislación provincial mencionada".

Uno de los argumentos utilizados por los legisladores y que tiene que ver con la Ley 6394 es que esta norma indica que "está prohibido el otorgamiento de concesiones y permisos que de alguna manera signifiquen una alteración de las condiciones ambientales del área ambiental urbana protegida, y/o un desmembramiento de su espacio o territorio", por lo que ni siquiera se podría aprobar que esos terrenos sean utilizados para actividades deportivas y recreativas, mediante la construcción de canchas de fútbol, sanitarios y otros elementos que especifica el convenio firmado por Jaque y el club ubicado en el parque General San Martín y que afectarían directamente las condiciones de la superficie cedida en comodato.

Por último, el proyecto pide que el expediente sea hecho llegar a la Fiscalía de Estado, para que esta "se avoque al inicio de una exhaustiva investigación a los efectos de deslindar responsabilidades por la cesión realizada y por el Decreto 3119 y las eventuales posibles consecuencias que de ello resulten".