Desde ATE sostienen que la presentación tiene relación con una vieja decisión del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Scioli, cuando dispuso la equiparación de los montos que se venían abonando en la jurisdicción bonaerense con los que se había dispuesto se abonaran en todo el territorio nacional.

Según recordó el secretario General Oscar de Isasi “aquella resolución nacional establecía la fijación de nuevos montos para las asignaciones familiares, a partir de octubre de 2009, y debía ser de inmediata aplicación en el territorio de nuestra provincia, cosa que no sucedió así, ya que el Ejecutivo provincial decidió que se abonen los nuevos valores, pero a partir de marzo del 2010, por lo que se cercenó el derecho de percepción desde octubre 2009 hasta febrero inclusive del 2010”.

Cabe recordar que las asignaciones familiares no se encuentran sujetas a aportes ni a descuentos jubilatorios, no se tienen en cuenta para la liquidación del Sueldo Anual Complementario, ni para el pago de las indemnizaciones por despido o accidente. Tampoco se abonan en relación proporcional al tiempo trabajado. Y son inembargables. Así se convierten en una expresión concreta de cómo una sociedad se valora a sí misma y a su futuro, pues enaltece a la familia y a los hijos.

Antecedente

La organización gremial considera que la institución de las asignaciones familiares “ha desbordado completamente el cuadro del contrato de trabajo”, donde ellas primitivamente eran un accesorio. Han pasado a ser una medida de orden social general, inspiradas en una idea de solidaridad en provecho de toda persona.

Añadió de Isasi que “un antecedente de interés es el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia que hizo lugar a la demanda promovida por la Asociación Judicial Bonaerense por la equiparación del salario familiar con el de la Nación durante el período 1992/2004. De esa manera el Estado provincial le debe pagar a los trabajadores involucrados la diferencia entre los importes abonados en concepto de asignación por hijo y cónyuge y los establecidos por el Estado nacional entre agosto de 1992 y diciembre de 2004”.

Sobre el particular, de Isasi añadió que “ese fallo constituye un precedente de singular trascendencia para nuestro gremio por cuanto los fundamentos dados en su redacción son los aportados, en distintas presentaciones, por ATE, junto a la AJB y a otros sindicatos de la CTA desde 1992”.

Principios

Por otra parte, existen principios constitucionales por los que no puede legislarse en menos de los derechos ya adquiridos por los trabajadores. Ellos desde la ley 10.430 poseían el derecho de tener asignaciones familiares, como mínimo, iguales a las que fija la nación. Por ende, cualquier legislación posterior debe ser en pos de mejorar aquel nivel establecido de asignaciones familiares.-