Por Antonio Lizzano

“El Gobierno porteño sabe que, más tarde o más temprano, deberá hacerse cargo de la red de subterráneos y por eso ya encargó una auditoría para saber cuánto le costará poner en óptimas condiciones el servicio. Por eso, y a pesar de lo que diga públicamente el Jefe de Gobierno de la Ciudad, las segundas líneas ya están trabajando en el pase. Seguir negándolo trae más problemas que ventajas frente a la ciudadanía. Si se llega a producir un nuevo paro de los metrodelegados, el costo político que pagará el Pro será altísimo”, le adelantó a NU un operador porteño que está involucrado en las reuniones que se vienen realizando entre Nación y Ciudad a través del Ente Tripartito.

La confesión del funcionario macrista se produjo luego de que la Justicia se metiera de lleno en el conflicto del subte. La jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, Patricia López Vergara, actuó en relación a la causa por el subte y ante la entrega a la Ciudad de un cheque por el fideicomiso creado por la Nación, la magistrada le ordenó “al Gobierno de la Ciudad que proceda a solicitar la entrega de los fondos para el subte”.

López Vergara fundamentó su decisión al señalar que puso “bajo un paraguas la titularidad sobre el servicio, para evitar la incompetencia. En este amparo, la legisladora porteña María José Lubertino no mezcló a la Nación ni a lo federal en esto, y en este sentido no he dado una orden que no sea local”.

En el caso de que la Nación se presente como parte, el amparo presentado por la diputada en el tribunal porteño no podrá seguir tramitándose allí, y la jueza deberá declinar su competencia para dar intervención a un juzgado federal.

La actuación de la magistrada no estuvo exenta de acusaciones de índole política por parte de la Ciudad. Para los hombres del Pro fue evidente que la jueza actuó influenciada por la Nación. La propia López Vergara reconoció que en el expediente a su cargo hay una lucha política. “No creo que sea sano que un juez no se involucre en estos temas porque son políticos y diga ‘bien, gracias’”, expresó.

“Los jueces somos empleados de quien nos paga el sueldo, que no es el Gobierno, sino el pueblo. En la Justicia, lo político no se da en el sentido de una política partidaria. Hay una política judicial, hay una ideología en el plano de los valores; muchas veces lo que subyace detrás de una ideología son los valores. En el caso del subte, también hay un tema político. Pero si alguien pide una resolución judicial no creo que sea sano que un juez no se involucre porque esto es político”, abundó la jueza al referirse a la cuestión.

“La decisión judicial es un avance más en el sentido en que la Ciudad deberá hacerse cargo del servicio, al obligar a Macri a que a partir de ahora se haga cargo del dinero que la Nación le deposita en el Banco Nación por el tema de los subterráneos; la Ciudad se va quedando sin excusas.

Además, a esto hay que sumarle dos datos nada menores: uno tiene que ver con la amenaza de un nuevo paro que esgrimieron los metrodelegados y que vuelve a dejar latente la posibilidad de que haya varios días de corte de servicio.

Esta situación sería muy grave y de difícil solución, ya que, como quedó demostrado con anterioridad, ni Metrovías ni la Nación estaban dispuestos a poner un peso para llegar al aumento salarial exigido por los trabajadores. Ante este panorama, al macrismo no le quedó otra que recurrir al dinero depositado en el fideicomiso para paliar la situación salarial y de esa forma evitar la huelga. Y esta maniobra, como el aumento que le otorgó al pasaje en enero el gobierno Pro, era reconocer o en todo caso hacerse cargo del servicio por parte de la Ciudad”, le detalló a NU un funcionario kirchnerista del área de Transporte de la Nación.

Ante la necesidad de efectivo que tiene Macri, el Ejecutivo porteño pidió la autorización para tomar un préstamo por 216 millones de dólares destinado a adquirir material rodante para la Línea H, que serían 120 coches. El tema se discutió en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Legislatura el miércoles por la tarde. La idea es contraer un préstamo financiero con el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social de Brasil por, justamente, 216 millones de dólares, para cumplir con la oferta financiera de la empresa ganadora de la licitación Alstom Brasil Energia e Transporte LTDA. En el proyecto se aclara que, en caso de no poder tomar ese préstamo, se autorice al Ministerio de Hacienda a tomar deuda “con otra u otras entidades, o en su defecto emitir un empréstito público por una o más emisiones de deuda”.

Pero por el momento el Gobierno porteño usará los 124 millones de pesos (la mitad del subsidio acordado en el acta-acuerdo del 3 de enero) depositados tiempo atrás por la Nación en concepto de subsidios para pagar sueldos pactados por los sindicatos con la empresa concesionaria y evitar paros. La Casa Rosada y la Ciudad, representados por el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, y la vicejefa de gobierno porteño, María Eugenia Vidal, acordaron liberar los fondos depositados en el Banco Nación para sostener el funcionamiento del subterráneo y evitar un nuevo paro, pero mantuvieron sus diferencias en torno al traspaso del servicio.

Luego del acuerdo, Vidal manifestó: “El Gobierno nos comunicó que liberará los fondos. Se comprometió a hacerlo. Si cumple, una parte servirá para cubrir lo que Metrovías y los delegados acordaron en las paritarias”. El pacto se produjo luego de la huelga de diez días, cuando la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (Agtsyp) y Metrovías acordaron una salida transitoria, con siete puntos donde, más allá de las condiciones laborales, se otorgó una suma no remunerativa a cobrar con el sueldo de agosto. Ese plus por única vez fluctúa entre 1.600 y 3.200 pesos, según el “nivel” de cada empleado, dividido en doce categorías diferentes.

En la misma resolución, Metrovías dejó sentado que, para cumplir lo convenido, requerirá los fondos necesarios, sin detallar quién asumirá ese costo. Lo único concreto es que el macrismo ya piensa en cómo enfrentar el costo del servicio de la red de subterráneos y por eso encargó la auditoría. El tiempo dirá de dónde saldrá la plata y quién se terminará beneficiando con esa movida.