La recaudación provincial fue uno de los puntos más críticos de la anterior gestión justicialista. Por eso, desde Sitea (Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados) iban a solicitar al Gobierno que no congele nombramientos en el ámbito de la Dirección General de Rentas, porque precisamente lo que falta son más recursos humanos para salir a perseguir a los grandes morosos.

Esto es lo que iba a plantar concretamente Víctor Dagfal, el titular del gremio estatal, a Francisco Pérez. Como se sabe, una de las primeras medidas de ajuste que tomó el Ejecutivo fue limitar para un año financieramente complicado el incremento del empleo público. Así, Pérez dispuso congelar nombramientos, ascensos, contratos y horas extras. El pedido del gremio apunta a reforzar el recurso humano en el organismo recaudador, ya que la gestión actual tiene como meta salir a cobrar entre 500 y 600 millones de pesos de grandes morosos.

Pero en el transcurso del día la respuesta no se hizo esperar y desde el área de prensa del Ministerio de Hacienda señalaron que ya tiene luz verde el nombramiento para 100 verificadores para el organismo recaudador provincial. El mensaje del ministro Marcelo Costa apuntó a que se trata de una excepción al decreto de Paco Pérez que que frizó todas las designaciones en trámite.

En la visión de Dagfal, el organismo fue sistemáticamente vaciado en la era Jaque. Hacia el final de su gestión, Celso Jaque barajó incluso la idea de tercerizar el cobro de la recaudación, una iniciativa que quedó en la nada. A la falta de recurso humano, se le suma la antigüedad de los recursos materiales: computadoras pasadas en años y software que ha perdido vigencia. Para el gremialista, el ente recaudador debería contar con una planta de 150 empleados que se dediquen a atender al público y también para hacer el trabajo de calle, verificar e inspeccionar a los contribuyentes.

El Gobierno provincial ya adelantó que para mejorar la recaudación fiscal, saldrá a buscar a los grandes deudores. De hecho, Dagfal condiciona en parte los resultados de esta "cacería fiscal" al hecho de potenciar el área con más personal. Pero también a la voluntad política que todavía tiene que demostrar el Ejecutivo para mejorar las arcas oficiales.

"En los medios he escuchado que hay entre 500 y 600 millones de deudas que no se pueden cobrar por problemas técnicos, políticos o administrativos. Acá hay decisiones políticas que se tienen que tomar", definió el sindicalista.

Aún más, adelantó que en 15 días, aproximadamente, el gremio que ahora está encolumnado en la CGT saldrá a denunciar cuáles son las verdaderas trabas por las que no se puede recaudar más, en cuanto esté finiquitado un estudio técnico al respecto. Estas trabas son fundamentalmente "institucionales", remarcó Dagfal, y en términos generales añadió que hay intereses que no permiten que la situación se destrabe.

"Pérez no es tonto. Si no se cobran los impuestos, es porque no nos han dado los elementos. Ellos -por el Ejecutivo- saben que sin plata no se puede hacer política. No se pueden construir barrios ni comprar ambulancias", puntualizó.

Pero por ahora, Dagfal otorga un crédito a futuro a la gestión que recién comienza y por eso subrayó que está de acuerdo en la eliminación de la tasa cero en ingresos brutos para las actividades que contaban con esos beneficios, lo que permitiría un incremente en la recaudación. "El empresario que diga que le varía los costos, es un mentiroso", graficó.

Por lo pronto, el ministro Marcelo Costa ya definió al titular para la DGR: se trata de Claudio Gil, un contador que se desempeña actualmente en la AFIP y que será adscripto al ente fiscal.