La disputa que se desatará hoy en el Parlamento nacional por el manejo de los fondos monetarios promete instaurar un nuevo orden en la relación entre los estados provinciales y la administración kirchnerista. Al parecer, el pleno de los bloques opositores estaría decidido en avanzar con la modificación sustancial en lo que respecta al articulado de la ley que establece la aplicación tributaria sobre los créditos y débitos bancarios, más conocida como "Ley del Impuesto al cheque".

A partir de tal iniciativa, lo que se buscaría es que el ciento por ciento de este esquema impositivo sea distribuido entre la nación y el conjunto de las jurisdicciones provinciales de manera tal de asegurar un sistema de coparticipación equitativo. Sin embargo, desde el oficialismo, se anticipa que ante la posibilidad que esta normativa sea aprobada por ambas cámaras del Congreso, la presidente Cristina Fernández la vetaría, aludiendo que, de no ser así, se procedería a desfinanciar a la nación.

"Para garantizar el sistema federal de gobierno y evitar que los señores gobernadores sean rehenes mendicantes del poder central, es necesario cambiar la distribución de la recaudación del Impuesto al Cheque, entre todas las provincias", sostuvo el senador por Tucumán, José Manuel Cano, al sostener su postura respecto de esta temática.

En este sentido, apuntó contra la Administración Central por el contexto en el que se encuentra inmerso el sistema tributario nacional en conjunto con la forma de gestión en la que se incursiona: "El kirchnerismo, supone una forma de construcción y acumulación de poder a través de las mayorías y la billetera. Mayoría obtenida, en una parte por el voto popular y en otra por la cooptación de otros sectores a través de prebendas".

300 millones más

Cabe recalcar que en la actualidad sólo el 30 por ciento de la masa coparticipable relacionada con este impuesto es repartido entre las provincias. Pero, si se tiene en cuenta este régimen, únicamente ingresa a las provincias una coparticipación cercana al 15 por ciento, debido a las retracciones ocasionadas por la ley 23.548 que instrumenta la coparticipación federal de impuestos.

Se prevé que para este año la suma en el monto recaudatorio se ubicaría en torno de los 23.546 millones de pesos, es decir, si se coparticipara el ciento por ciento, las provincias recibirían 8.600 millones más que si se mantienen los niveles actuales.

En el caso de Tucumán se estaría hablando de 343 millones de pesos adicionales que ingresarían a sus arcas fiscales.

Por esta situación, Cano reclama al Gobierno local que apoye la modificación a la ley que se propone: "Me duele ver que el Gobernador de mi provincia tenga que pasillar (sic) por los despachos de funcionarios designado por el dedo o pedir a un ex presidente que le mande dinero que la provincia necesita". Según el senador, esto se revertiría con el ingreso de los fondos que le corresponderían a Tucumán si es que se aprueba la nueva instrumentación legal que la oposición desea llevar a cabo.