| Lo reconoció el ministro de Gobierno y Justicia, Javier Touriñán. Se cuestionó el desvío de fondos PAE para capitalizar a Petrominera.
El ministro, que siguió de manera permanente el tema cuando era diputado, dijo a la prensa que «todavía estamos en etapa de evaluación porque estamos abriendo cosas y siempre encontramos algún elemento nuevo», y recordó que «fue un proyecto que tuvo su ley que aprueba un ciclo combinado en Dolavon, y después se cambió todo sin modificar la ley y se pasó a un ciclo común de generación».
Cuestionó que se introdujeran estos cambios violando la ley original y que luego «se planteaba un ciclo convencional no se sabe dónde, porque se compró una turbina a General Electric en Estados Unidos y dos transformadores que están pagando aranceles en la zona franca de Comodoro Rivadavia» por lo que «lo concreto es que no se generó energía hay capacidad ociosa y ha quedado todo ahí».
Repasó Touriñán que en el origen la iniciativa tenía que ver con la provisión de gas y la interconexión del gasoducto cordillerano con el General San Martín que nunca concretó la firma Emgasud, obra que iba a abastecer a Dolavon y al proyecto Ingentis, por lo que ante tantos incumplimientos «se va evaluando y cuando se tenga certeza de lo que pasó se tomarán las decisiones».
Incluso mencionó el funcionario que días atrás «hubo una reunión en Comodoro donde el intendente Di Pierro preguntaba qué había pasado con los fondos PAE que faltaba llegar» a lo que agregó que «una parte de esos fondos fue a parar a Petrominera para capitalizar la compra de Ingentis, cuando no tenían nada que ver, porque eran para la reconversión económica del golfo San Jorge».
De todos modos, lamentó el ministro que «era un proyecto con buenas intenciones y hubiera generado valor agregado a una materia prima como el gas», pero en cambio «terminó en nada y en una inversión millonaria que no sé si se va a recuperar». Sostuvo que ahora «el que rompe paga», por lo que desde el gobierno «vamos a determinar responsabilidades, hay elementos jurídicos y constitucionales dentro de la legislación que establecen juicios de responsabilidad para los funcionarios públicos», aunque prefirió no avanzar en lo que dijo será «tarea de abogados».

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