NEUQUÉN (AN).- Son cerca de 60.000 las hectáreas de toda la provincia donde ya se desarrollan estudios de factibilidad para construir parques eólicos.

Del total de tierras, unas 6.600 hectáreas son fiscales, del gobierno provincial. Se encuentran en cercanías de Zapala y Picún Leufú.

En este caso, la Agencia para la Promoción y Desarrollo de Inversores del Neuquén (ADI-NQN) convocó en febrero una licitación para cuatro áreas distribuidos en este sector de la provincia. El presidente del organismo, Pedro Salvatori, informó que ya fueron entregadas a las firmas, que luego del plazo de estudio (dos años), podrán ejercer la opción a desarrollar los parques.

Las empresas son WPD Argentina, que se adjudicó las áreas La América y número 5, en Picún Leufú. La empresa Sowitec Argentina SRL se quedó con el área 2 Subida del Capo, cerca de Zapala. E Ingeniería SIMA SA obtuvo el área número cuatro, denominada Kilómetro 1390.

Por otra parte, la provincia también interviene en el desarrollo de parques en tierras privadas.

De hecho, el grueso de los estudios en marcha se desarrollan en unas 50.000 hectáreas que ya quedaron en manos de otras cuatro empresas. Se trata de Tecpetrol, Enerco 2 SA, SIMA y Sowitec.

Estas tierras, según la información oficial, son propiedad de accionistas de la empresa Corsalmi S.A., Hermenegildo Pini y Enrique Pelufo.

En este caso, según se informó, ADI actúa por pedido de los privados. Para los dueños, la ventaja es el cobro del canon por la instalación de la planta eólica.

Las áreas están dentro del departamento Confluencia, en el predio propiedad de Corsalmi y se ubican entre Senillosa y Arroyito; otra está muy cerca del paraje Challacó, próximo a Plaza Huincul y la tercera, al sur del yacimiento Los Bastos. Las tres implican el compromiso de los oferentes de pagar un canon por el uso de la tierra.

Este segmento de las áreas en estudio, cuenta con alguna ventaja en particular, dada su ubicación y proximidad a nodos de interconexión energética, como las centrales de Arroyito y El Chocón. Para la provincia, se trata de una oportunidad para obtener los "bonos verdes" generados tras la firma del protocolo de Kyoto, financiados por generadores de energía contaminantes, para apuntalar los proyectos que resguarden la generación "limpia".